Seguridad Social
La Airef rebaja el triunfalismo del Gobierno con el ingreso mínimo vital: solo llega al 40% de beneficiarios tras dos años
La Airef pide a la Seguridad Social más transparencia en la publicación de datos del IMV y establecer un plan presupuestario para la ayuda
La Autoridad Fiscal advierte: el despliegue total de la medida podría suponer duplicidades con CC. AA. y ayuntamientos por valor de 1.600 millones
Los 400.000 hogares posibles beneficiarios que no piden la ayuda lastran el cumplimiento del objetivo
El fiasco del ingreso mínimo vital: iba a llegar a 800.000 familias y se ha quedado en la mitad
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá
Tras dos años de despliegue del ingreso mínimo vital (IMV) el despliegue de la medida está aún lejos de alcanzar los objetivos de lucha contra la pobreza marcados por el Gobierno. Por el momento, solo llega al 40% de los hogares que podrían percibirlo ... y tan solo se gasta el 56% del presupuesto reservado para cubrir las prestaciones de todo el año, cercano a los 3.000 millones de euros. Es decir, en los primeros 24 meses de aplicación, unos 280.000 hogares perciben ya el IMV, con un coste anual aproximado para la Seguridad Social de 1.600 millones de euros en el año.
Concretamente, según las cifras que arroja el informe presentado este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de 'Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV)' son 700.000 hogares los posibles beneficiarios de la prestación, si bien, hasta 400.000 de estas unidades familiares ni tan siquiera han solicitado la ayuda. En decir, el 57% de los posibles beneficiarios, un fenómeno conocido como 'non take-up', que se debe a la compleja gestión de este tipo de prestaciones, «está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV».
Aunque la Autoridad Fiscal reconoce que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realiza un ejercicio continuo de análisis y evaluación del IMV del que se van derivando modificaciones normativas y operativas de la prestación y acciones encaminadas a llegar a más hogares, señala la necesidad de analizar la naturaleza del patrimonio de los hogares en situación de pobreza, «en particular, el grado de liquidez de sus activos reales y su valoración y, si fuera necesario, reconsiderar la definición del patrimonio establecida para ser beneficiario del IMV».
Asimismo, la institución propone estudiar con detalle las solicitudes rechazadas por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia, simplificar el proceso de solicitud y fomentar la publicidad institucional de la prestación, profundizar en el análisis de las causas del 'non take-up' y seguir trabajando en el encaje entre el IMV y la renta mínima de cada comunidad autónoma.
Cobertura limitada de la pobreza
En este sentido, ni tan si quiera los 700.000 hogares que la Airef calculan que podrían percibir la ayuda son todos los que se entiende como en riesgo de pobreza. El organismo eleva esta cifra en el conjunto de España hasta los 1,3 millones de hogares. De estos, el IMV solo alcanza a un 20%, pudiendo llegar según el esquema establecido para ala ayuda hasta el 60%.
En cualquier caso, el número de solicitudes es elevado y supera ya los 1,5 millones, pero un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. En concreto, la AIReF señala que el 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. La principal causa de denegación o inadmisión es el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento.
Si estuviera plenamente implementado, el IMV ampliaría la cobertura de los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas en cerca de 250.000 hogares. «Además, mejoraría la situación de más de la mitad de los hogares que ya tenían derecho a los programas autonómicos de rentas, incrementando la renta que podrían recibir», señala el estudio explicando que la prestación cubre a parte de los hogares que anteriormente ya podían recibir las rentas mínimas y amplía la cobertura en aquellas comunidades autónomas en las que sus programas de garantías de rentas para la lucha contra la pobreza eran más limitados.
«En todo caso, todavía quedarían 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que supone un 40% del total de hogares en pobreza, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos. Este porcentaje del 40% sin cubrir podría variar en los próximos años si las CCAA modificasen sus rentas mínimas como consecuencia de la liberación de recursos de sus programas de rentas derivada de la implementación el IMV«, señala la Airef en el informe.
Posibles duplicidades
De este modo, la Airef explica que el gasto total en prestaciones del IMV plenamente desplegado alcanzaría los 2.800 millones de euros, lo que permitiría cubrir cubriría el 60% del coste de las rentas mínimas autonómicas si estuviesen plenamente desplegadas.
Ahora bien, existen importantes diferencias entre las comunidades autónomas. En algunas, el IMV sería capaz de cubrir prácticamente la totalidad del coste potencial de su renta mínima. Este es el caso especialmente de la Comunidad de Madrid, donde el IMV cubriría el 97% del coste de su prestación. A esta comunidad le siguen las de Andalucía y Murcia, en las que el IMV cubriría el 88% y 84% del coste de su renta respectivamente. En el otro extremo, Illes Balears, Cataluña y Aragón logran una cobertura de sus programas de rentas mínimas del 44%, 43% y 35% respectivamente.
Recuerda la Airef en este punto que la absorción por parte del IMV del 60% del presupuesto de las rentas mínimas de las comunidades autónomas liberaría recursos por valor de 1.600 millones de euros, «suficientes para cubrir tres cuartas partes del coste que sería necesario para erradicar la pobreza».
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Así, a medio plazo la Autoridad Fiscal sugiere que a medida que se vayan conociendo los efectos que el IMV está teniendo sobre la reducción de la pobreza, el mercado de trabajo y la inclusión social, se valore avanzar hacia una prestación «que se inicie de oficio por parte de la Administración y que integre al resto de prestaciones e impuestos que persiguen la misma finalidad que el IMV con el objetivo de mejorar la eficiencia».
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