Un informe del Gobierno admite que el fin de las 'golden visa' afectará al inmobiliario y al turismo de lujo
España dejó de proporcionar permisos de residencia a no comunitarios por la adquisición de activos inmobiliarios de alto valor el pasado 3 de abril
Viviendas en Puerto Banús (Marbella)
Desde el pasado 3 de abril la adquisición de un activo inmobiliario de un valor superior a 500.000 euros ya no da derecho a la obtención de un permiso de residencia en España. Las 'golden visa inmobiliarias' que el Gobierno de ... Rajoy habilitó tras la crisis financiera -al igual que otros países europeos- para tratar de sacar al sector inmobiliario de la depresión y de paso atraer el país grandes fortunas no europeas, y que han formado parte del paisaje regulatorio doméstico durante más de una década, fueron derogadas por el Gobierno bajo la asunción de añadían presión al mercado inmobiliario de zonas tensionadas como Barcelona o la Costa del Sol.
«Es una buena noticia para todos», proclamó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para la que «la eliminación de las 'golden visa inmobiliarias' sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienenproblemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial».
Más allá de las diferencias obvias entre el segmento residencial en el que se movían los beneficiarios de estos visados y dónde se concentran los problemas de acceso a la vivienda, el Gobierno planteó cuando adoptó esta decisión el asunto más como una solución que como un problema.
Sin embargo, en otras áreas del Gobierno ajenas al Ministerio de Vivienda el asunto se contempla desde otra perspectiva. Un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Turismo sobre las tendencias de mercado de cara a este año 2025 del pujante turismo chino admite que la eliminación de estos 'visados VIP' puede disuadir la inversión de los visitantes chinos en nuestro país e incidir de forma negativa sobre sectores como «el turismo de lujo y el mercado inmobiliario».
Un impacto negativo negado por el argumentario gubernamental, pero del que ya habían advertido organizaciones empresariales como CEOE o las Cámaras de Comercio, que negaron desde el primer momento que estos visados fueran un problema para el mercado inmobiliario y destacaban por el contrario que había sido un instrumento muy útil que había permitido atraer alrededor de 10.000 millones de euros de inversión extranjera desde su entrada en vigor en 2013.