La industria pide menos papeleo y una vicepresidencia de Gobierno para la nueva ley del sector

Ese es a grandes rasgos el resumen de las peticiones que la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha remitido al departamento de Jordi Hereu durante el proceso de consulta pública de la denominada como ley de industria y autonomía estratégica.

Con unos plazos de alegaciones ínfimos, las asociaciones que representan a la automoción (Anfac), refino (AOP), papel (Aspapel), química y farmacia (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), cemento (Oficemen), materias primas minerales (Primigea), componentes de automoción (Sernauto), y siderurgia (Unesid) le pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que fije un calendario específico para cada una de las acciones y objetivos de la ley que sea «factible» de implementar y «con la mayor agilidad posible». En el caso de la automoción, en el sector todavía rechinan los problemas sufridos con las inversiones para el coche eléctrico que hace pocas semanas incluso se cobró la dimisión del presidente de Anfac por la «inacción del Gobierno».

La nueva ley de industria propone una serie de inversiones «estratégicas» a la que podrán optar las empresas sin necesidad de una licitación cuando se asegure la producción durante el tiempo en el que se efectúa dicho desempeño. Es una manera que tiene el Ejecutivo de intentar atar al sector en un momento donde la amenaza de deslocalizaciones está más viva que nunca. De hecho, el anteproyecto da luz a la mesa de reindustrialización con la que la Secretaría de Estado de Industria puede bloquear las salidas durante un plazo de nueve meses mientras busca alternativas. Entre esas opciones, la ley plantea que las plantas puedan ser adquiridas por una cooperativa de trabajadores.

En relación a esta cuestión ninguno de los sectores afectados se pronuncia de manera explícita, pero sí piden mayor seguridad jurídica en su escrito para mejorar la nueva norma. En concreto dicen que los mecanismos legales planteados «deben ser claros y consistentes». «La Ley debe garantizar un entorno estable y predecible para las inversiones industriales, incluyendo medidas específicas para proteger a la industria de los riesgos asociados con cambios regulatorios repentinos. Ello debe incluir la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria».

Sobre la competitividad del sector, la alianza industrial cree que se debe entrar en acciones concretas que mejoren logística, transporte descarbonización e innovación. Como medida precisa se habla del aumento a 44 toneladas de la la capacidad de carga de los vehículos de transporte de mercancías para alinearse con los estándares europeos, y que las empresas puedan así ahorrar costes y contaminar menos al poder hacer portes de mayores dimensiones.

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Por último, la Alianza también pide recuperar la importancia que antaño tenía la industria en la hoja de ruta del Ejecutivo. La gran patronal cree que el ministerio del ramo ha perdido competencias en áreas clave como la energía, innovación y comercio. Y por ello proponen que el departamento de Hereu asuma una vicepresidencia del Gobierno «para garantizar una mejor coordinación y priorización de las políticas industriales en relación con otras áreas de gobierno». Del mismo modo, alegan que la ley debe sentar las bases para la creación de una Comisión Delegada para Asuntos Industriales.

Otro asunto que preocupa, y en especial a la siderurgia, es la articulación de la reserva de capacidades industriales con la que el Gobierno pretende que las empresas hagan acopio para asegurar la disponibilidad de los recursos ante una eventual crisis de suministros. Con esa creación de fondo, Unesid cree que el plazo establecido para la consulta pública es «absolutamente insuficiente», por la importancia de las medidas que se aspiran a introducir y la «extensísima documentación que lo acompaña y que hace difícil una lectura pausada y reflexiva en tan escasísimo plazo».

La patronal del acero cree que el proyecto del Gobierno es muy ambicioso, pero que, sin embargo, carece de concreción «en lo que se refiere tanto a los plazos de los desarrollos reglamentarios como en la omisión de las necesarias medidas para dotar de medios materiales y humanos al Industria para poder acometer las tareas que se le encargan».

Sobre la posibilidad de que se pueda aspirar a proyectos sin necesidad de pasar por una licitación, Unesid, con el reciente ejemplo del Perte de descarbonización, cree que en los procesos de concurrencia simple se valoran más los proyectos pequeños, salvo excepciones, frente a proyectos con mucha mayor complejidad. «Adicionalmente, un uso riguroso y equitativo de los fondos públicos, debe garantizar la igualdad de condiciones para todos los operadores, y eso se consigue mediante la concurrencia competitiva, si bien para cuantías menores, y en aras de la rapidez, se podría aceptar un método de concurrencia simple, en particular para pymes», concluye.