Qué es el impuesto a la banca y energéticas: cómo se ha aplicado este año y por qué tensiona ahora ambos sectores

Pero ¿cuándo comenzó este impuesto y a qué empresas ha afectado hasta ahora? La ley que recoge este impuesto fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de 2022. Esta ordenaba un impuesto extraordinario a dos sectores: banca y energéticas. En el texto, la ley -que funciona de forma temporal durante los ejercicios de 2023 y 2024- grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros y el 4,8% sobre los márgenes financieros (intereses y comisiones) de la banca, siempre que superen los 800 millones de euros.

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En el caso de las energéticas, se grava sobre el importe neto de su cifra de negocios, lo que equivale a sus ventas de bienes y prestaciones de servicios, al 1,2%. Se aplicará a partir de un umbral de 1.000 millones sobre ese aspecto, tomando como referencia inicialmente la cifra de cada compañía de 2019; se utiliza ese año como base ya que es el último del que se disponen datos sin distorsionar por la pandemia de Covid-19. Otra causa de exclusión será que una empresa no tenga más del 50% de su negocio vinculado al sector energético, ya que hay firmas que no son energéticas pero tienen negocio en ese ámbito y no deberían estar sujetas, como ya informó ABC entonces.

En el caso de la banca, el gravamen recaerá sobre los márgenes de su negocio financiero. Es decir, sobre los intereses y las comisiones. En concreto, el diferencial entre lo que percibe la entidad y lo que paga la misma en cada uno de los dos conceptos. El tipo a aplicar sobre ello será del 4,8% y el umbral a partir del que se aplicará será en este supuesto de 800 millones de euros.

Como puntos en común están que el gravamen se aplicará sobre grupos fiscales consolidados; que quedan fuera de la imposición las operaciones intragrupo; y que se excluyen las operaciones de filiales en el exterior. Asimismo, el gravamen no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

Tras el anuncio del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, en el que se incluye prolongar este impuesto y convertirlo en permanente, ambos sectores han protestado.

Repsol anunció este jueves que, en caso de aprobarse, consideraría empezar a deslocalizar su negocio fuera de nuestro país. La empresa criticó que esta medida se aprobó en 2022 con carácter temporal y extraordinario, y que castiga a empresas que invierten en activos industriales «generan empleo y apuestan por la independencia energética de España».

En este sentido, la banca protestó este miércoles y avisó de que «no es sensato mantener el impuesto». Desde el sector explicaron que la incertidumbre actual, los riesgos geopolíticos y las subidas de tipos tendrán un efecto negativo, a medio plazo, en sus balances. Por lo tanto «mantener el gravamen dañaría la economía».

Desde el Ejecutivo las ministras Montero y Calviño han defendido estos días que el impuesto fue un «acierto» ya que las compañías de estos sectores han tenido «beneficios milmillonarios».

Asimismo, la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María José Montero anunció este jueves que los impuestos a la banca y empresas energéticas han recaudado 2.900 millones de euros este año. La previsión se situaba en los 3.000 millones.

En concreto, como informó EP, el segundo pago de ambos gravámenes, efectuado en septiembre, alcanzó los 1.453 millones de euros, cifra muy similar a la del primer pago, realizado en febrero. De esta cantidad, 827 millones correspondieron al impuesto a las energéticas y 626 millones al de la banca.

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado este viernes que «por supuesto que hay margen» para que las entidades financieras y energéticas, que están presentando resultados «milmillonarios» estos días, realicen una mayor aportación fiscal a la que efectúan actualmente.

Empresas como Repsol, Banco Sabadell, Bankinter y Kutxabank, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional contra estos tributos, pero el tribunal ya ha rechazado adoptar las medidas cautelares sobre los mismos.

Sin embargo, Montero asegura que el Gobierno ganará los recursos: «Nosotros siempre que legislamos lo hacemos desde la seguridad jurídica y, por supuesto, pensamos que aquellos recursos interesados que se han puesto sobre estas figuras fiscales los vamos a ganar», declaró este jueves.