Iberdrola y Endesa meten presión al Gobierno para frenar el cierre de las nucleares

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendió ayer analizar «en profundidad» el impacto que podría tener un cierre potencial del parque nuclear. Lo hizo en una conferencia con analistas para dar explicaciones sobre los resultados financieros de 2024. En la misma línea se pronunció el CEO de Endesa, José Bogas, que mostró su «deseo de discutir» una revisión del actual calendario del apagón nuclear. En este caso lo hizo en un encuentro con medios de comunicación, donde reconoció que hace unos años estaba «intelectualmente» a favor de esta tecnología, pero que en estos momentos habría que elevar el debate.

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Raúl Masa

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Las palabras de los máximos dirigentes de Iberdrola y Endesa representan un paso importante. Hasta ahora se habían centrado mucho en las cuestiones técnicas y el potencial impacto del cierre nuclear en el sistema eléctrico que llegaría a partir de 2027. Ahora se sube la intensidad.

Galán confesó la necesidad de «establecer un diálogo abierto para ver por qué estamos recorriendo diferentes vías o por qué no sería mejor todos desplazarse en la misma dirección. Así que en Iberdrola, como de costumbre, estamos listos y preparados para participar en este diálogo». Bogas también puso de su parte y aseguró que «estaría encantado de un pacto de Estado» en esta materia de política energética entre todas las partes implicadas. «Y es lo que debería ser», señaló.

En esa subida de tono, el CEO de Endesa trasladó su «miedo» a que no se cumplan las hipótesis recogidas en la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), el plan que ha dispuesto el cierre de las centrales y la planificación del sistema energético. Bogas señaló todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y las baterías, y que no se logren los objetivos descritos.

No obstante, todos estos mensajes tienen un reverso. Las empresas propietarias de las centrales insisten en que ese diálogo debe ir acompañado de una revisión impositiva. Bogas apuntó que para poner encima de la mesa un alargamiento de la vida útil de las centrales también se deben «adecuar las cargas fiscales» que pesan sobre estas plantas. Esta es la petición que vuelven a poner las eléctricas encima de la mesa para tener cualquier tipo de diálogo.

Por lo que respecta al Gobierno, que debería sentirse aludido ante tantas peticiones de diálogo, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha manifestado en sus últimas comparecencias públicas que deben ser las empresas las que soliciten alargar la vida útil de las centrales. De hecho, también deben ser ellas las que pidan el cierre, algo que tampoco se ha dado. Es decir, por el momento operan bajo el calendario pactado, pero hay que tomar una resolución.

Hasta que alguna de las partes tome la iniciativa –y cada una sabe de antemano cuáles son las condiciones de la otra para el diálogo–, lo que se mantiene vigente es el Pniec y el cierre ordenado a partir de 2027 hasta 2035. Aunque puede pasar de todo.