Huelga de alquileres y escraches a empresarios: ¿Quién hay detrás de la manifestación por la vivienda del 13 de octubre?

La propuesta de regulación la presentó el partido de Yolanda Díaz, pero fue elaborada por el propio Sindicato de Inquilinas, como así se jactan desde el movimiento, lo que da una idea de la estrecha relación que tienen con el ala más a la izquierda del Gobierno -quien también acudirá a la manifestación-. La organización se acercó a Sumar, una vez la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, rechazó en presencia de los representantes de las patronales del sector inmobiliario su propuesta de regulación, tras ser llamados a participar en el grupo de trabajo para abordar la misma. Fuentes presentes en la última reunión celebrada en julio aseguran que, ante la posición de Rodríguez, un miembro del Sindicato «se levantó, casi insultó a la ministra y se marchó».

Pero que Vivienda dé voz a esta organización para abordar algo tan trascendental para el sector como es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) da una idea del papel que le ha brindado a la plataforma esa proximidad a Sumar y a otros partidos políticos como Unidas Podemos. De esta última formación, es conocida la relación del Sindicato de Inquilinas con el exdiputado y abogado Rafa Mayoral, quien en el pasado también formó parte de la PAH, y participó en las negociaciones de la ley de Vivienda.

El Sindicato de Inquilinas y el de Llogateres también se han convertido en los últimos tiempos en una pesadilla para los empresarios y las fuerzas del orden al protagonizar distintos altercados en protesta contra miembros del sector inmobiliario a los que acusan de ser los responsables de la «emergencia habitacional» contra la que se rebelarán el domingo. Uno de los episodios más sonados se produjo cuando, junto a otras organizaciones como la propia PAH, rociaron con pintura a varios asistentes al congreso inmobiliario 'The District' en Barcelona. Ocurrió hace dos años y uno de los afectados fue Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties, la mayor socimi española, que además cotiza en el Ibex.

El activismo de estas asociaciones también se ha dejado sentir en la feria inmobiliaria SIMA, que cada año congrega en Ifema (Madrid) a miles de profesionales del sector y que para la organización representa «la feria de la verguenza» y un evento para hacer «promoción de la especulación con la vivienda». Sin ir más lejos, en la última edición, el Sindicato de Inquilinas organizó un escrache en la entrega de premios obligando a los invitados a entrar por otra puerta distinta a la principal. Un acto que se suma al de años anteriores cuando han llegado incluso a irrumpir dentro del recinto ferial para realizar escraches frente a los 'stand' de algunos de los inversores en vivienda a los que consideran 'fondos buitre'.

La manifestación del domingo, amenazan, será solo el principio. En el Sindicato de Inquilinas hablan de llevar a cabo una escalada de movilizaciones «hasta desembocar en un huelga de alquileres capaz de forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50%». Es decir, hacen un llamamiento a los inquilinos para que dejen de pagar el alquiler a «caseros y rentistas» a los que acusan de ser «los culpables de la situación». «La huelga de alquileres es una herramienta de lucha legalmente reconocida en varios países de nuestro entorno y que, de hecho, ya viene siendo empleada de manera real en sus conflictos contra fondos buitre», defienden desde la organización.

Otra de sus polémicas reivindicaciones trata sobre «expropiar y recuperar» las viviendas que la Comunidad de Madrid vendió a los fondos de inversión «para que pasen a estar bajo gestión y control de las vecinas que las habitan». Del mismo modo, reclaman que se cierren los 17.000 pisos turísticos que calculan que hay en la capital y que se prohíban todos los desahucios, así como a todas las empresas que se dedican a la desokupación como es el caso de Desokupa, firmas a las que acusan de «aterrorizar con métodos mafiosos y paramilitares a las familias más vulnerables».

Por último, durante la marcha del 13 de octubre pedirán la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, «por ostentar la más alta autoridad en la materia, así como por su responsabilidad personal y directa en el absoluto fracaso que ha supuesto la Ley de Vivienda hasta la fecha».