Los sindicatos convocarán hoy la huelga general

Esa estrategia del Ejecutivo contó con un aliado inesperado: el fracaso del paro del día 8 en el sector público, que ha dejado a los sindicatos muy tocados. Por eso, quieren preparar a conciencia la huelga general, para lo que necesitan tiempo y el mes de julio es considerado para ello «inhábil». Algunas fuentes apuntan que la convocatoria podría coincidir con la jornada europea de movilizaciones anunciada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para el 29 de septiembre.

Contactos políticos

Mientras, los primeros contactos mantenidos ayer con los partidos políticos por el portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, y por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, evidenciaron que el Gobierno puede tener mayoría para sacar adelante el decreto-ley de la reforma laboral siempre y cuando admita que sea tramitado posteriormente como proyecto de ley. Un trámite que demorará la reforma definitiva por lo menos hasta octubre. Ayer, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, justificaba esa posible cesión en la necesidad de «mejorar» el texto y recordaba que «la práctica habitual», salvo en «el decretazo» del Gobierno Aznar en 2002, es tramitar la reforma convalidada como proyecto de ley.

El PSOE, que tiene que hacer de la necesidad virtud por falta de mayoría parlamentaria, echó mano incluso de uno de los argumentos de los sindicatos: la posible inconstitucionalidad de la reforma. Fuentes socialistas recordaron, en este sentido, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios aspectos de la reforma de 2002 y el Ejecutivo de Zapatero no quiere que se repita esa situación. En este sentido, el jefe del Ejecutivo no desveló si el Gobierno incluirá en el decreto la posibilidad de que empresas con seis meses en pérdidas puedan acogerse al despido objetivo con 20 días de indemnización. Algunos dirigentes socialistas no lo ven mal si se detalla qué son pérdidas y si afecta a toda la empresa o a un centro de trabajo concreto. Asimismo, estos despidos no podrán superar el 10% de la plantilla sin incurrir en un ERE, exactamente como ocurre con la legislación actual.

Al PSOE no le hacía mucha gracia inicialmente la idea de tramitar el texto como proyecto de ley porque supone prolongar el debate público hasta octubre con una huelga general mediante y el riesgo de que eso desestabilice las posturas de los grupos —que no quieran indisponerse con la calle, en caso de éxito— , Además, reconocen diversas fuentes, puede acabar generando más dudas en los mercados de deuda y en la Bolsa sobre la determinación de España para llevar a cabo sus reformas estructurales.

Que PP y CiU se retraten

Pajín negó también que haya habido ningún socialista que se haya dirigido al portavoz de CiU, Durán i Lleida, pidiéndole que abandere el «endurecimiento» del decreto-ley porque el Gobierno no puede hacerlo ante la oposición de CC.OO. y UGT. «Eso no se lo cree nadie», replicó la «número tres» socialista. El PSOE quiere que CiU y, particularmente el PP, se retrate porque, según Pajín, produce «sonrojo» ver a De Cospedal decir que los populares son «el partido de los trabajadores» cuando Rajoy no ha aportado ni una sola idea a las reformas estructurales de España.