Los hoteleros temen una nueva prórroga de los precios de los viajes del Imserso

El sector ya empieza a asumir este escenario. Sin ningún tipo de comunicación directa con Derechos Sociales a pesar de las innumerables ocasiones en las que han pedido reunirse, sienten que han perdido la interlocución en las negociaciones tras la dimisión (por motivos personales) del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que en los últimos meses venía intentando arrancar el compromiso de este ministerio para actualizar los precios. Un apartado donde el inmovilismo de la ministra responsable del Imserso, Ione Belarra, ha sido el protagonista en los últimos años.

Ahora, será la sustituta de Valdés en el puesto, Rosana Morillo, la que tendrá que lidiar con Unidas Podemos sin tiempo para exquisiteces. La nueva secretaria de Estado de Turismo fue oficializada en el Consejo de ministros del pasado martes. Dos semanas después de la salida de Valdés, entre protestas de la oposición por la tardanza en ejecutar el relevo. El portavoz de turismo del PP en el Congreso, Agustín Almodóbar, lo denunció así la semana pasada en la Cámara Baja volviendo a lamentar el «desinterés» y «abandono» que «tiene el Ejecutivo de Sánchez con el sector».

Al igual que los hoteles, el parlamentario alicantino también sospecha que el Gobierno va a ejecutar la segunda prórroga de los pliegos dejando en la estacada al sector. Hace dos semanas, Almodóbar preguntó al Ejecutivo si estaba pensando en ejercer esa tercera anualidad del contrato para la temporada 2023/2024. Pero aún no ha obtenido respuesta, señala a este periódico.

No es la única elusión que la oposición ha recibido por parte de Moncloa. El miércoles había convocada una comisión de Industria donde iba a debatirse una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular en junio, pero autoenmendada este mes, con la que se instaba al Ejecutivo a abordar la renovación al completo del programa de viajes sénior, incluida la convocatoria de una nueva licitación de comercialización de los viajes. Pero tras finalizar el pleno en el Congreso a las 19.00 decidieron posponerla «porque ya no había tiempo» explica Almodóbar. Por lo que la PNL podría no llegar a discutirse hasta al menos el mes de febrero. Quizá demasiado tarde para hacer rectificar al Gobierno.

Mientras tanto el sector se siente abandonado por el Ejecutivo. Desde la entrada de Maroto en el ministerio han sido muchas más las promesas que las reformas que ha obtenido. La puntilla ha llegado con su candidatura a la alcaldía de Madrid. Entienden que ambas responsabilidades son incompatibles y que el Gobierno debería proponer ya su relevo ante la percepción de que la ministra está inmersa ya en campaña, cuando falta casi medio año para la celebración de los comicios locales.

Sucede cuando el turismo presiona para arrancar un trozo del pastel de los fondos europeos, además de la propia actualización de los precios de los viajes del Imserso y una regulación de las viviendas de alquiler turístico. Estas dos últimas peticiones no son competencia directa de Industria, aunque el ministerio se había comprometido a intermediar con sus compañeros de Gobierno (Derechos Sociales y Transportes) para instarles a estudiarlas.

Con todo, entre los hoteleros todavía queda un hilo de esperanza respecto a la actualización de precios del programa de Turismo Social. Se agarran a que la nueva secretaria de Estado de Turismo ha hecho carrera en el sector y es conocedora de primera mano de sus necesidades. La ya exdirectora general de Turismo de Baleares ha trabajado en gigantes hoteleros como Barceló y Marriott. En este último con tareas ejecutivas.

Su entrada en el Gobierno fue celebrada por las grandes hoteleras que han seguido de cerca su trabajo en el Govern de la socialista Armengol, pero ahora tendrá que representar también a los pequeños hoteles, que son la mayoría del tejido del sector en España. Muchos de ellos, dependen del programa de viajes sénior del Imserso para sobrevivir en la temporada baja. El PP ya ha pedido formalmente la comparecencia de Morillo en el Congreso.

La puntilla a los hoteleros ha llegado este año. La negativa de Belarra a actualizar los pliegos, «mantenerlos es una prioridad» llegó a decir en el mes de junio, ha dejado al borde de la ruina a los hoteles del litoral español, que han visto incrementar sus costes e por el alza energético y de los alimentos. Si prestar el servicio que requiere el programa les cuesta casi 40 euros al día, por 22 tienen que ofrecer alojamiento, pensión completa, agua, wifi y todos los complementos de un hotel de 4 estrellas. Una situación insostenible que se ha cobrado el boicot de decenas de establecimientos que este año han decidido no participar, a costa de incluso cerrar durante todo el invierno.

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Para frenar esta huida algunas regiones como la Comunidad Valenciana y Murcia han aportado subvenciones a los hoteles ante el riesgo de perder miles de empleos. Se calcula que el programa protege a 90.000 trabajadores en todo el país. Una cifra irrenunciable para muchas localidades costeras que en invierno se quedan sin actividad.

En cualquier caso, la fuga de hoteles para el programa es preocupante. Sobre todo en la costa y archipiélagos. En estos destinos se han perdido cerca del 40% de los establecimientos que operaban antes de la pandemia (en 2019 eran 215 y ahora 132).