Los hoteleros dudan de que el 'gran hermano' turístico se vaya a simplificar: «Si fuera verdad, nos hubieran llamado»

La normativa lleva en vigor desde principios de 2022, pero desde entonces su obligado cumplimiento se ha ido posponiendo por las quejas de las empresas del turismo -la última prórroga se ejecutó en octubre- , quienes aseguran que el nuevo registro supone un perjuicio para sus negocios. En respuesta a esto, desde Interior han asegurado que en los próximos días saldrá a consulta pública una orden ministerial que regulará el proceso para poder lograr que los alojamientos tengan más facilidad para registrar los datos. El procedimiento estará abierto durante dos semanas, durante las cuales los distintos actores del sector podrán aportar ideas para mejorar el real decreto. El departamento de Grande-Marlaska defiende, en todo caso, que el nuevo procedimiento está avalado por el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Protección de Datos.

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Antonio Ramírez Cerezo

A partir del próximo lunes, hoteles, agencias de viajes, gestores de apartamentos turísticos o empresas de alquiler de coches deberán estar registradas en la plataforma SES.Hospedajes y aportar hasta un total de 42 datos de clientes, entre los que se encuentran datos bancarios. Fuentes de Interior aseguran que son datos que las empresas ya recogen en la normalidad de su operativa y que en ningún caso se les exigirá información que no hayan sido capaces de recopilar.

Interior defiende que la nueva normativa no tiene un objetivo recaudatorio o sancionador aunque la omisión del cumplimiento acarrearía multas de entre 601 y 30.000 euros si la infracción es grave (sería el peor de los casos porque no se contemplan infracciones muy graves) y entre 60 y 600 si es leve, tal y como se refleja en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Desde el departamento de Marlaska precisan que era necesario ejecutar el nuevo registro porque la normativa actual está obsoleta. Señalan que la creación del registro de pernoctaciones existe desde agosto de 1959 y en el caso del control de alquiler de vehículos, la orden ministerial data de 1974, ambas de carácter preconstitucional.

La plataforma será obligatoria de usar a partir del lunes, pero ya estaba siendo usada por miles de empresas, aseguran desde Interior. Según los datos facilitados por el Ministerio se han llegado a registrar 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. En base a esos datos, se ha logrado localizar a 18.584 personas sobre las que existía una orden de búsqueda y detención tanto a nivel nacional como internacional. «Este registro es un instrumento policial de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Los datos que se recaban son indispensables para los cuerpos y fuerzas de seguridad», concluyeron fuentes del mismo departamento.

La confirmación de que el próximo lunes será efectiva la norma ha vuelto a levantar una polvareda -una vez más- en el sector hotelero, en el que además consideran un sin sentido que se desarrolle una orden ministerial posterior a la entrada del nuevo procedimiento de registro. «La única reunión que hemos tenido con Interior ha sido el 4 de octubre y la anterior fue en el 2023; no hemos tenido ningún encuentro más, ni han contestado a ninguna carta de Europa ni de ninguna asociación», lamenta el secretario general de la patronal hotelera Cehat, Ramón Estalella, quien incluso duda de que el departamento de Marlaska vaya a lanzar la orden ministerial, tras tres años prometiéndola al sector. «Si fuera verdad lo que están diciendo, nos hubieran llamado; hubieran contestado nuestras carta y hubieran respondido a las peticiones a la Secretaría de Estado», apostilla el representante hotelero.

Cehat ya ha comunicado que prepara medidas legales contra la nueva norma, y a esa denuncia también se sumarán los hoteleros valencianos reunidos en la patronal Hosbec, según comunicaron ayer.

Desde las agencias de viajes se transmite el mismo pesar o más, ya que entienden que la ley de protección de la seguridad ciudadana de la que emana el nuevo decreto no tenía en cuenta a las agencias de viajes, tal y como transmitieron ayer desde la principal asociación del sector CEAV. Interior, sin embargo, defiende la inclusión del sector en la norma porque «no podemos permitir que nazca con huecos en los que los presuntos autores de hechos delictivos puedan usar desde el inicio para no verse controlados».

Desde el resto de patronales de agencias, Acave, Fetave y UNAV, también atacan al paso dado por Interior y dicen que supone un «ninguneo» a la moción contra la medida aprobada en el Senado y a la proposición no de ley aprobada por la mayoría del Congreso el 23 de octubre, que instaba a suspender la aplicación de la norma y «abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico».