Los hosteleros prevén perder hasta 600 millones por la nueva ley contra el alcohol

La ley tiene un fuerte impacto a nivel económico para un sector que, tal y como se lamentan, no ha podido tener ningún tipo de interlocución con el Ministerio de Sanidad, que es el encargado de elaborar la norma. Tan solo han expuesto en la consulta pública sus opiniones al respecto. Nada más.

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Los dos artículos más polémicos para el sector hostelero, y que tienen relación directa con los productores de alcohol (cerveza, vino y destilados) son el 25 y 26. Tratan sobre las limitaciones en publicidad y comunicación comercial, y las limitaciones de emplazamiento, difusión y distribución de la publicidad de bebidas alcohólicas.

En concreto, reza la norma, «se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas, incluyendo el nombre comercial, símbolos o marcas comerciales de las empresas en la vía pública, o en lugares visibles desde la misma. No obstante, podrá permitirse la publicidad limitada al nombre comercial, denominación social y marcas o símbolos identificativos de las empresas productoras en un perímetro que diste de 200 metros de los accesos a zonas frecuentadas por personas menores de edad tales como centros de educación en educación primaria, secundaria obligatoria, formación profesional, de enseñanzas especiales y bachillerato, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil».

Según explican desde Hostelería de España, se estima que ahora mismo existen unos planes de ayudas de los cerveceros al sector que en 2023 supusieron 600 millones de euros de inversión en mobiliario en la hostelería que «permite a dueños de bares y restaurantes poder afrontar el montaje de la terraza con un mobiliario adecuado y mantenerlo en buen estado, a la vez que se contribuye a la armonía del paisaje urbano». Pese a que existe ese perímetro de 200 metros, los condicionantes provocan que haya muchos afectados, denuncian.

Esta situación, aclaran las fuentes consultadas, es «una medida desproporcionada». Actualmente, esos emplazamientos son discretos, y suelen localizarse en pequeños espacios. Además, concluyen que en la mayoría de los casos no se trata de reclamos directos al consumo de alcohol, y menos con el objetivo de los menores.

Otro problema de la norma, y que posteriormente supondrá un conflicto en la tramitación parlamentaria, es la injerencia de competencias que se realiza frente a las diferentes leyes autonómicas en esta materia. Teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria, dentro del sector hostelero creen que los diferentes grupos políticos podrían tener otras sensibilidades en la votación.

Desde Hostelería de España insisten en que la norma «merece una revisión, y para ello todavía se está a tiempo». Al margen de ese impacto económico directo, hay medidas que no alcanzan a entender, como que tampoco pueda haber cartelería de bebidas sin alcohol, o de tipología 0,0%, cuando se trata de productos que no llevan alcohol.

Fuentes del sector de la bebidas alcohólicas señalan a ABC que la ley dibuja una realidad desmedida contra el consumo en general, y lejos de las cifras que se manejan con respecto a los menores.

El propio Ministerio de Sanidad tiene datos de consumo que reflejan una tendencia a la baja, por tanto, no entienden que la ley sea tan directa contra las fórmulas que tiene la hostelería de desarrollo económico, en este caso de inversión publicitaria. Además, tampoco se tienen en cuenta los factores positivos, en este aspecto monetario, que dejan las empresas en las distintas regiones.

En cuanto a las críticas públicas a la norma, en el informe que realizó la CNMC al respecto, señaló que «sin cuestionar la razonabilidad de la medida, dado que no se justifica la distancia concreta (200 metros) en cuanto al radio de distancia del formato de publicidad de los centros escolares, se recomendaría justificar la elección realizada. Debe tenerse presente que, por ejemplo, en materia de expendedurías de tabaco o de locales de juego, se establece que su ubicación (no la publicidad de dicha actividad) debe estar a una distancia no inferior a 150 metros de cualquier centro docente (en el caso de los locales de juego incluso a más distancia en algunas comunidades autónomas)».