Hacienda se traga el error que recortará los ingresos del impuesto a los ricos para evitarse un revés en los tribunales

Bajo esta premisa, estableció en origen que la suma de las cuotas de IRPF, Patrimonio y el nuevo impuesto a las grandes fortunas no podría superar ese umbral del 60% de las rentas sometidas a gravamen en el IRPF. El problema surgió porque la ley habla de 'límite de la cuota íntegra' y la utilización de ese concepto abría la puerta a que los contribuyentes de comunidades autónomas como Madrid o Andalucía pudieran agregar a efectos del cálculo de ese límite las cuotas íntegras virtuales resultantes de la aplicación de la normativa de Patrimonio, sin tener en cuenta el pequeño detalle de que la bonificación del 100% que existe en sus normativas regionales reduce esa cuota íntegra virtual a una cuota líquida de cero euros.

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ERC detectó el agujero y trató de resolverlo vía enmienda en el paso de la norma por el Senado, pero el temor del Gobierno a que una segunda votación en el Congreso diera al traste con la norma anuló esa opción. Hacienda entendía, además, que podría resolver lo que observaba como un error técnico en la preceptiva orden ministerial que debía regular la aplicación del impuesto o incluso mediante la publicación de un criterio por parte de la Agencia Tributaria, pero esa opción ha sido rechazada por el Consejo de Estado.

Porque Hacienda lo intentó. El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de orden ministerial que regula el modelo 718, a través del cual se liquidará el llamado 'impuesto a los ricos', revela que el Ministerio de Hacienda planteó como aclaración en la orden ministerial una modificación de la ley del impuesto para impedir que los contribuyentes de las comunidades autónomas con bonificaciones sobre el pago de Patrimonio pudieran aplicarse su cuota íntegra virtual a efectos de calcular el tope de tributación del 60% de la renta declarada en el ejercicio y, por tanto, evitar que se redujeran la factura fiscal resultante del gravamen a las grandes fortunas.

El Consejo de Estado advierte de que el principal efecto de la maniobra es que «disminuirá el número de supuestos en que opere dicho límite» y que esta contraviene «de modo palmario y por un cauce totalmente improcedente» tanto la ley del impuesto de patrimonio como la que establece el gravamen a las grandes fortunas.

El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero el Gobierno ha decidido no incluir finalmente el cambio en la orden ministerial. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que lo que se ha hecho es seguir lo recogido en el dictamen para reforzar «más si cabe la legalidad del tributo, que el Consejo no pone en duda».

Fuentes del ámbito de la asesoría fiscal señalan que haber mantenido ese cambio en contra de lo que dice el Consejo de Estado habría generado una ola de recursos y habría abierto la posibilidad de que los tribunales suspendieran su aplicación, algo que Hacienda habría preferido evitar.

Respecto al efecto sobre la recaudación del nuevo impuesto, un informe interno de la Junta de Andalucía adelantado en su día por ABC estimaba en hasta el 80% la rebaja en la cuota del impuesto de la que se beneficiarán los contribuyentes por este supuesto error de configuración de la figura.