Hacienda pone 2.000 millones a disposición de la SEPI para que compre acciones en Telefónica

La maniobra confirma que el 'holding' propiedad del Estado ya dispone del músculo financiero necesario para alcanzar, o al menos aproximarse a corto plazo, la participación del 10% en la compañía de telecomunicaciones que el Gobierno le encomendó tomar el pasado mes de diciembre, en respuesta a la operación lanzada el pasado otoño por la teleco saudí STC para convertirse en el primer accionista de Telefónica con el 9,9% del capital.

El plazo en el que la SEPI alcance esa posición no es irrelevante. En apenas una semana, el próximo 12 de abril, Telefónica celebrará su junta general de accionistas, en cuyo orden del día se abordará la reelección, ratificación o, en su caso, nombramiento de consejeros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó ayer en una entrevista televisiva de forma rotunda con un «sí, por supuesto» que la intención del Gobierno es solicitar una posición en el Consejo de Administración de la compañía.

Sin embargo, la ambición del Gobierno no se podrá sustanciar en la próxima junta de accionistas ya que el reglamento de la junta limita a cinco días desde la convocatoria el plazo para introducir nuevo asuntos en el orden del día y ese plazo expiró el 8 de marzo -antes de que la SEPI aflorara su 3% en Telefónica- por lo que no se podrá promover el nombramiento de consejeros diferentes a los ya previstos inicialmente, informa EP.

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No obstante, la SEPI podría tener ya otro 2% no declarado en derivados financieros, según fuentes del mercado

En este sentido está prevista la reelección de Isidro Fainé, de José Javier Echenique, de Peter Löscher, de Verónica Pascual y de Claudia Sender, así como la ratificación de Solange Sobral y de Alejandro Reynal, que fueron nombrados el pasado 13 de diciembre.

Cuerpo se negó a especular sobre los posibles candidatos a representar los intereses de la SEPI, y por tanto del Estado, en un eventual futuro consejo de administración. «No me corresponde a mí», dijo.

Según informó ABC, la participación real de la SEPI en Telefónica podría superar ya el 3,044% comunicado a la CNMV ya que según fuentes del mercado el 'holding' estatal tendría aparcado otro 2% adicional en derivados financieros, lo que situaría la participación del Estado en la compañía en el entorno del 5%, un peso similar al que ya ostentan otros dos accionistas de referencia con presencia en el consejo: Caixabank (con la suma de la participación de CriteriaCaixa) y BBVA.

En cualquier caso, al valor que tenía la acción al cierre del mercado de ayer (4,06 euros), hacerse con las acciones equivalentes al 6,956% que le restaría a la SEPI para tener el 10% de Telefónica le supondría un coste de 1.624 millones de euros.

Los fondos reservados para la operación en el programa 923M del Ministerio de Hacienda pero aún no transferidos a la SEPI al cierre del pasado mes de febrero ascienden a 1.500 millones de euros, después de que el pasado febrero el 'holding' recibiera una inyección efectiva de 500 millones.

Sin unos Presupuestos Generales del Estado en los que consignar los fondos necesarios para abordar una operación que el Gobierno considera estratégica, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recurrir a un atajo presupuestario para poner a disposición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales los recursos necesarios para completar la operación de entrada en Telefónica.

La solución ideada ha sido tirar de los recursos consignados para el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, a través del cual se financian las necesidades de liquidez que aún tienen un puñado de gobiernos autonómicos entre los que se encuentra el de Cataluña por su imposibilidad de acudir al mercado, en una cuantía de 1.500 millones; y del Fondo para Entidades Locales, con otros 500 millones más, para sumar los 2.000 millones que en principio se estimaba que se necesitaban.

La maniobra ha dejado 13.500 millones de euros en el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que el año pasado consumió 12.311 millones; y 500 millones en el de Entidades Locales, del que en 2023 no hubo que sacar ni un solo euro. Los precedentes inmediatos no auguran grandes problemas por esta transferencia de recursos, pero expertos en gestión presupuestaria advierten de que sí los habría si se pusieran de manifiesto nuevas necesidades que obligaran a ampliar la dotación de esos fondos, ya que hay restricciones para ampliar partidas previamente minoradas.

«No deja de resultar chocante que el Gobierno esté retrasando la liquidación favorable a comunidades autónomas y ayuntamientos del sistema de financiación de 2022 y además les detraiga recursos para comprar acciones de una empresa», lamenta el economista Santiago Sánchez.