Hacienda se juega más de 4.000 millones de euros en ingresos en la negociación con Junts y PNV

En suma, cerca de tres décimas de PIB de recaudación con las que el Gobierno contaba en su hoja de ruta presupuestaria y que podría perder de un plumazo si no es capaz de reconducir la tramitación del proyecto de ley para el establecimiento en España del impuesto europeo del 15% sobre grandes multinacionales. El Gobierno aspira aún a aprovechar ese proyecto legal tanto para hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas como para reinstaurar los dispositivos del Impuesto de Sociedades tumbados por el Constitucional, que Hacienda pretendía aprobar primero en la tramitación del decreto de medidas de Ucrania pero que, encallado este desde hace meses en las cañerías del Congreso, aspiraba a introducir en esta ley.

Hacienda exprime las últimas horas antes del cierre del plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley este miércoles para acordar una fórmula que anime a PNV y Junts a respaldar los impuestos. Lo hace en medio de un clima muy desfavorable, en el que las empresas han amenazado con paralizar inversiones en España e incluso los sindicatos han empezado a expresar su preocupación por la situación que esto les puede generar.

Fuentes al tanto de la negociación señalan que Hacienda ha puesto sobre la mesa diferentes opciones técnicas, como la posibilidad de un recargo en Sociedades o el mantenimiento de la figura como prestación patrimonial, que por sus dificultades técnicas o la imposibilidad de concertarlas con el País Vasco se han desechado. Pese a que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a aligerar la carga del impuesto a cambio de mantenerlo, fuentes empresariales mostraban ayer su confianza en su derogación definitiva.

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El otro asunto sobre la mesa, la reinstauración del decreto Montoro, también está siendo objeto de negociación política. La intención del Gobierno era recuperarlo en todos sus aspectos, pero Hacienda podría verse obligada a ceder y renunciar a la reversión obligatoria y en un solo ejercicio de las deducciones fiscales disfrutadas por las empresas desde 2013 por las pérdidas de sus filiales. «Es la situación más sangrante porque afecta a situaciones consolidadas desde 2013, lo que no solo es injusto e inconstitucional, sino que infringe un grave daño a las empresas», recalca Jordi de Juan. socio de Crowe e impulsor de la causa que acabó en el Constitucional.