Hacienda ignora siete obligaciones legales y fuerza a las autonomías a presupuestar a ciegas

A estas alturas de año, a las que hasta hace bien poco era habitual que ya se conociera el proyecto de Presupuestos del Estado para el año siguiente o al menos sus líneas maestras, el Ministerio de Hacienda ha incumplido ya al menos media docena de obligaciones establecidas en la regulación presupuestaria, en tanto que el Ministerio de Economía también se ha saltado los plazos previstos para otra de ellas: la actualización del cuadro macro, que si bien es presentó hace poco más de una semana debería haberse hecho pública antes del 30 de junio según el calendario que figura en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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Bruno Pérez

El inventario de incumplimientos, que ya se maneja en los despachos de los ejecutivos autonómicos como prueba de cargo contra el Gobierno, engloba la no presentación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda, el desconocimiento a estas alturas del techo de gasto no financiero que tendrá el Estado, la falta de concreción sobre las medidas de ajuste que se deberán adoptar en 2026 para cumplir el plan de ajuste fiscal estructural remitido a Bruselas por el Gobierno, la no resolución de las discrepancias entre el nuevo marco europeo de reglas fiscales y el marco nacional -que también ha sido denunciado en más de una ocasión por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-, la no publicación de los datos detallados sobre empleos computables a efectos de la regla de gasto de 2024 y, finalmente, la más que previsible en tiempo y forma del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en el que se contienen no pocos parámetros y métricas fundamentales para que comunidades y ayuntamientos puedan construir sus expectativas de gasto para el próximo año.

El pasado 3 de septiembre, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la aprobación de la orden ministerial que regula los criterios generales de presupuestación para 2026 y proclamó la activación del trámite que debería conducir a la presentación del proyecto de Presupuestos, dijo también que este no era más que un instrumento que permitía ordenar mejor las políticas del gobierno, pero que eran mucho más relevantes todas las iniciativas que se estaban llevando a cabo con cargo a los presupuestarios prorrogados. Fuentes de los gobiernos autonómicos lamentan sin embargo que un año más tengan que lanzarse a diseñar sus cuentas públicas medio a ciegas.

Denuncian que sin proyecto de Presupuestos del Estado sobre la mesa no pueden conocer aspectos muy determinantes para elaborar sus cuentas de gasto como la actualización de las retribuciones de los funcionarios, que se aplican a todos los empleados públicos de España, no solo a los del Estado; los fondos que pondrá el Estado para financiar los servicios de dependencia; o la financiación estatal de proyectos de inversión territorializada.

Recuerdan, asimismo, que conocer el margen de déficit que tendrán para 2026 es singularmente importante en un contexto de ajuste como el acordado con la Comisión Europea; y que la falta de adaptación de la reglas fiscales europeas al marco español genera una incertidumbre regulatoria evitable. Y destacan que aunque Hacienda sí comunicó el 30 de julio la actualización de las entregas a cuenta para 2026, las autonomías y los municipios van a tener que planificar su ejercicio presupuestario sin saber si van a empezar a recibir esos recursos desde enero como sería lo suyo o van a tener que esperar a mitad de año como ha sucedido este año, con los costes de financiación que esto les puede generar.

«El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha convertido en norma lo excepcional e incumple sus responsabilidades dejando indefensas a las autonomías», señala la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, en declaraciones a ABC. «Nos está obligando a trabajar constantemente sin disponer de una información suficiente y fundamental, como cuando tenemos que elaborar nuestros presupuestos sin conocer las reglas fiscales, y no solo nos impide realizar nuevas inversiones sino que ralentiza muchas actuaciones. No deja de ponernos trabas para ejercer nuestras competencias», remacha.