El Gobierno calcula que sus medidas contra la inflación han ahorrado 300 euros a las familias

La cifra implica que semejante esfuerzo presupuestario apenas sirvió para aligerar en un 1% el inflado presupuesto de gastos al que tuvieron que hacer frente las familias españolas (unos 28.500 euros), que según los datos del Instituto Nacional de Estadística se incrementó en un 8,5% durante 2022.

El informe cuestiona, como ya hicieran antes el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la adecuada orientación de algunas de las medidas más emblemáticas aprobadas por el Gobierno, como las ayudas al transporte público o la bonificación de 20 céntimos sobre el precio del litro de gasolina, a las que objeta su escaso poder redistributivo y sugiere que en algunos casos beneficiaron más a las rentas más acomodadas que a las más vulnerables ante esta situación.

Con todo, la evaluación encargada por el Ministerio de Hacienda considera que en su conjunto las medidas sí han servido para reducir la desigualdad, aunque haya sido de manera tenue, ya que tanto la subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital como la extensión del bono social eléctrico y térmico o la subida de las pensiones no contributivas han cumplido el objetivo de reducir la pobreza, aunque no hayan servido para sacar a un porcentaje significativo de la población de esa situación.

La evaluación del IEF confirma el enfoque escasamente focalizado de algunas medidas puestas en marcha, precisamente las que han significado un mayor consumo de recursos presupuestarios: la bonificación de 20 céntimos sobre el precio del litro de gasolina, la rebaja del tipo del IVA del recibo de la luz del 21% al 5% y las ayudas al transporte.

Concluye que la rebaja al 5% del tipo del IVA de la electricidad ha significado un ahorro de 106 euros para una familia española media, pero que mientras el ahorro para las familias más vulnerables -entendidas como aquellas que ingresan menos de 500 euros al mes- ha sido de 77 euros, las familias más acomodadas se han ahorrado cerca de 150 euros, el doble.

Al menos en este caso, y en contra de las conclusiones alcanzadas por otros organismos, Hacienda entiende que la medida sí ha tenido un cierto efecto redistributivo, dado que aunque el ahorro bruto ha sido inferior en los hogares más vulnerables, en términos de peso sobre su gasto total la medida ha resultado ser más favorable cuando menor es el nivel de renta.

No sucedió lo mismo con la extinta bonificación de 20 céntimos sobre el precio del litro de carburante. La evaluación de la medida por parte del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda revela una diferencia abismal entre el ahorro que esta generó a los hogares con menos ingresos mensuales, entre 42 y 66 euros, y los que acreditan una situación financiera más pudiente (más de 3.000 euros de ingresos mensuales), que obtuvieron un ahorro medio de 170 euros gracias a esta ayuda (ver gráfico).

En este caso, además, las rentas medias y altas se beneficiaron más en términos relativos que las más bajas a la luz de los patrones de consumo de cada uno de los segmentos. «El subsidio de 20 céntimos por litro a los carburantes no es redistributivo, aunque el efecto sobre la desigualdad que genera es de magnitud muy pequeña. Se produce un incremento de la misma, pero el efecto de aumento de la desigualdad decrece cuanto mayor fue el precio del combustible», concluye el informe.

El Instituto de Estudios Fiscales admite que la medida podría haber tenido un mayor potencial redistributivo si se hubiera configurado de otro modo, teniendo en cuenta la renta de los consumidores, pero ve objeciones a cualquiera de las soluciones alternativas. En caso de que esa restricción se hubiera realizado en las estaciones de servicio, los costes administrativos para estas habrían sido de tal magnitud que habrían hecho la medida inaplicable. También hubiera cabido la opción de hacerlo mediante una desgravación fiscal, pero en este caso el ahorro para los consumidores se habría dilatado en el tiempo y no se habría conseguido el objetivo de alivio inmediato que se perseguía.

Las ayudas al transporte público han tenido el mismo problema que la bonificación al combustible. «Las medidas de subvención al transporte no son redistributivas. Dado el patrón de gasto existente, se subvenciona más en términos absolutos y también proporcionalmente a los hogares con mayor capacidad de pago. El efecto de incremento en la desigualdad es de muy pequeño tamaño», concluye el informe que limita a entre 30 y 50 euros la ventaja obtenida por las rentas más bajas mientras se dispara a los 133 euros en las rentas más altas.

Estas lagunas en materia redistributiva que detecta el IEF en algunas de las medidas más emblemáticas, y más costosas, del paquete gubernamental contra la inflación se ven compensadas por los efectos positivos de otras medidas de más baja intensidad presupuestaria pero mayor impacto sobre la desigualdad, entre las que se cita el cheque de 200 euros, la subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas y el bono social eléctrico y térmico.

Medidas focalizadas en los segmentos más desfavorecidos de la población, que pese a tener un impacto limitado sobre la reducción de la desigualdad sí han conseguido, a juicio de los evaluadores, tanto reducir ligeramente el porcentaje de la población en situación de pobreza severa como mejorar la posición relativa de los hogares en situación de pobreza. «Lo que permite concluir de forma robusta que el efecto de las medidas analizadas es redistributivo y consigue disminuir la pobreza y la pobreza extrema».

En conjunto, el coste presupuestario de todas estas medidas no llega a los 1.000 millones de euros y no supone ni un 5% del gasto comprometido por el Gobierno en sus medidas contra la crisis.