Hacienda activa el modo ajuste y planea la retirada del alivio fiscal a cerca de 600.000 autónomos

Según los cálculos de la propia Agencia Tributaria, la reducción extraordinaria vigente estos dos últimos años ha beneficiado a cerca de 580.000 trabajadores por cuenta propia y solo este 2023 les ha asegurado un ahorro de 120 millones de euros, que desaparecerá en 2024 si prospera la orden tal y como ha sido redactada por el Ministerio de Hacienda.

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Bruno Pérez

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La memoria de la propuesta de orden sometida a información pública por Hacienda subraya que esa reducción del 5%, vigente desde hace quince años, tendrá "un coste total en 2024 para el conjunto de las administraciones públicas, en términos de devengo, de 120,2 millones de euros, el cual se repartirá de la siguiente manera: 58,9 millones de euros (el 49%) para el Estado, 60,1 millones de euros (el 50%) para las comunidades autónomas y los restantes 1,2 millones de euros (el 1%) para las Entidades Locales", dando a entender que se trata de una medida de ahorro, pero lo cierto es que cuando en septiembre de 2022 se presentó el paquete fiscal que acompañaba al proyecto de Presupuestos del Estado para 2023 el ahorro no se estimó sobre un escenario de no reducción sino sobre la reducción del 5% que ya estaba descontada y que será la que estará vigente en 2024.

El fin de la reducción general incrementada que el Gobierno instauró en 2022 como una medida de alivio fiscal para 577.688 autónomos con un impacto para las arcas del Estado de 68 millones de euros no se llevará por delante otros incentivos fiscales algo más focalizados aprobados más o menos en las mismas fechas. Hacienda tiene previsto mantener la reducción extra sobre el rendimiento neto del 35% del gasto realizado en gasóleo agrícola y del 15% del precio de adquisición de los fertilizantes por considerar que en estos casos se mantienen las circunstancias excepcionales que aconsejaron implantar estas medidas. Del mismo modo se mantienen las ayudas fiscales extraordinarias a los trabajadores por cuenta propia de La Palma y de Lorca.

La publicación de la orden de módulos anuncia la prórroga por sexto año consecutivo de la situación de excepcionalidad en el régimen de estimación objetiva que se abrió el año 2018 y que desde entonces se ha prorrogado inexorablemente año tras año a la espera de dar solución a la liquidación definitiva de este régimen, que muchos observan como anacrónico. Antes de final de año se espera que se publique el Real Decreto que confirme esa prórroga.

En 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy debía haber activado la tercera fase del desmantelamiento del sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta y el IVA. En ese ejercicio se preveía la reducción del umbral general de facturación establecido para poder acogerse a este régimen fiscal de 125.000 a 75.000 euros, en el caso de los profesionales que facturan a otros profesionales; y de 250.000 euros a 150.000 euros para los que facturan directamente al consumidor final. Según las estimaciones realizadas en su día por el Gobierno, ese ajuste sacaría de una tacada del sistema a alrededor de 200.000 contribuyentes y reduciría a la mitad su número de beneficiarios, a la espera de la liquidación definitiva del mismo.

La falta de una alternativa acordada con las organizaciones de autónomos y la mejorada marcha de la economía aconsejó a Montero prorrogar el sistema anterior a la espera de una solución definitiva. El problema pasó al Gobierno de Sánchez que ha aplicado la misma receta que aplicó Montoro en tanto no se acuerda de manera definitiva el encuadro definitivo de los cientos de miles de profesionales que continúan tributando no por sus ingresos reales sino por algunas condiciones de sus negocios.