Hacienda activa con 18 meses de retraso el sistema de control de los fondos europeos y las regiones dicen que no funciona

La historia de Coffee se remonta a hace año y medio. El Gobierno se comprometió con Bruselas a crear un sistema en el que todas las administraciones pudieran volcar sus datos sobre cómo iban empleando los millonarios recursos 'Next Generation'. Desde entonces, los avances en el desarrollo del sistema han sido mínimos, hasta ayer, pero con diferentes versiones de los implicados.

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Fuentes autonómicas señalan a este diario que el martes por la tarde Hacienda envió un mensaje a las consejerías de las comunidades para informar de que la herramienta entraba ya, por fin, en funcionamiento. El mensaje se recibió con escepticismo por parte de varias regiones después de año y medio de promesas, emails, cartas, quejas y cero explicaciones.

Y en la mañana de ayer las sospechas se confirmaron en algunas autonomías. Desde una de las comunidades consultadas confirman que al intentar volcar datos de ejecución de alguno de sus proyectos, la herramienta fallida continuaba dando un error y era imposible cargar su información.

Desde otra de las regiones indican que alguna de sus consejerías sí que ha podido entrar y volcar sus datos, pero no así la mayoría de ellas «porque el Gobierno no ha hecho su parte». «La herramienta no funciona en bloque, solo para aquellos casos en los que el Estado ha terminado su parte y nos abre paso a las comunidades autónomas», relatan las fuentes consultadas.

Versiones opuestas entre el Gobierno y las regiones que evidencian que Coffee, año y medio después, todavía está a medio gas. Los que en teoría sí que pueden subir a la plataforma sus proyectos son los ministerios, los únicos que no tendrían de momento ningún problema, al contrario que las autonomías.

El Ejecutivo ha tratado de acelerar estas últimas semanas la puesta en marcha del sistema ante las advertencias de la Comisión sobre que podría llegar a congelar los fondos europeos en caso de que no entrara ya a pleno funcionamiento. En Bruselas exigen un mecanismo de vigilancia, seguimiento y control de los recursos, pero mientras Coffee no esté a pleno rendimiento el Gobierno no sabrá al detalle cuál es la ejecución real de los fondos que gestionan las regiones y los ayuntamientos y no podrá, por tanto, trasladar a Bruselas la información detallada sobre la ejecución exigida. Una situación que es motivo de preocupación para las autoridades europeas. Como ya adelantó este diario a finales de septiembre, los 'hombres de negro' aterrizaron en España para pedir cuentas al Gobierno sobre el desarrollo de las reformas y la aplicación de los fondos. En los encuentros mantenidos con miembros del Ejecutivo y con los agentes sociales lamentaron que los recursos no están llegando a la economía en España y expresaron su inquietud por el lento ritmo de ejecución de las ayudas, unido todo a la inoperancia de Coffee.

La realidad es que el desarrollo de la plataforma se encargó a la empresa privada Everis, mediante contrato público. «Servicio de desarrollo evolutivo de la Plataforma Coffee para la planificación, gestión y seguimiento de proyectos asociados al Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resilencia, con destino a la IGAE», reza el objeto de la licitación.

El contrato fue adjudicado por unos 630.000 euros, IVA incluido, en mayo de 2021. Sin embargo, fueron pasando los meses y nada hacía presagiar su pronta puesta en funcionamiento. De hecho, se ha modificado la licitación hasta en tres ocasiones.

Una de esas modificaciones fue para incrementar el precio hasta los 730.000 euros, impuestos incluidos; las otras dos para ampliar o redistribuir los plazos de entrega de la plataforma. Contactados por este periódico, desde Everis se negaron a realizar ningún comentario sobre el proceso de desarrollo de Coffee.

Todo lo anterior se encuadra en los cambios producidos en la dirección general responsable del control de los fondos en el Ministerio de Hacienda. Rocío Frutos Ibor ocupaba ese cargo de alta responsabilidad hasta este martes, cuando fue sustituida por Jorge Fabra Portela tras varios meses habiendo solicitado su renuncia y mes y medio después de presentar su dimisión por discrepancias con el Gobierno respecto a cómo se estaba desarrollando la gestión y control de los recursos comunitarios. La Moncloa decidió colocar en ese puesto clave a un afín, de cuna socialista, como Jorge Fabra.