Hablan los afectados por los impagos de arbitrajes a las renovables: «Todos creímos que España era un país serio»
El CEO de una de las compañías internacionales que invirtió en el sector y espera la indemnización del Gobierno recalca que entre sus inversores hay «jubilados, profesores y barrenderos»
El primer ejecutivo de un grupo empresarial familiar español denuncia que una inversión de 100 millones acabó con una «rentabilidad cero»
«Todos creían que España era un país serio». El grupo alemán Aream logró convencer hace algo más de quince años a 4.000 inversores para que pusieran 35 millones de euros para el despliegue de varios proyectos de instalaciones renovables en España, aprovechando ... el favorable régimen de primas a la generación de energía renovable instaurado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Instalar 1 MW de potencia entonces suponía un coste diez veces mayor que en la actualidad», recordó el CEO del grupo, Thomas Hopp, en una reciente conferencia celebrada en Bruselas.
«El régimen español fue exitoso», narró, «porque captó 70.000 millones de euros de inversión que ayudaron a impulsar estos proyectos». Sin embargo, en pleno despliegue de esas inversiones sobrevino la crisis financiera, lo que obligó al ejecutivo de Zapatero en primera instancia y al de Rajoy de forma más decidida unos años más adelante a revocar las jugosas primas que se habían aprobado cuando el presupuesto español nadaba en la abundancia del superávit. «Se produjeron modificaciones atroces del régimen de renovables, que alteraron las condiciones de la inversión hasta el punto de vaciarlas por completo de rentabilidad», continuó su narración.
Lo que vino después es de sobra conocido. Las empresas que se embarcaron en aquellas inversiones millonarias reclamaron sin éxito las rentabilidades prometidas al Reino de España y se vieron obligadas a acudir a las cortes internacionales de arbitraje para hacer valer sus derechos, esta vez sí con éxito en muchos casos. En el caso concreto de Aream, se instó un arbitraje para reclamar 95 millones de euros y el laudo resultante condenó al Reino de España a abonar una indemnización de 41 millones, que el Gobierno se niega a pagar.
«Preguntamos y no nos respondieron. Volvimos a preguntar y, de nuevo, dieron la callada por respuesta», contó en la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica celebrada en Bruselas. «Ahora 4.000 inversores están pendientes de una compensación», aseguró, y no se trata solo de grandes inversores, dijo Thomas Hopp, que precisó que entre ellos hay profesores, jubilados o barrenderos, gente de clase media.
«Fuimos ingenuos»
David Gómez, CEO de Ibereólica, otra de las compañías que se sumó al 'boom' renovable dentro del proyecto italiano Renergy, recuerda que su familia invirtió su patrimonio para impulsar una inversión de 100 millones de euros para implantar una instalación renovable. «Asumimos un riesgo tecnológico que entonces era notable y dimo por buena la promesa de seguridad jurídica que nos hicieron las autoridades. Fue ingenuo el confiar en que había seguridad jurídica en España y en Europa», lamentó.
En su caso, al proyecto en el que participó se le reconoció una indemnización de 32 millones de euros, cuyo pago aún está esperando. «Los cambios regulatorios que se fueron introduciendo destrozaron la rentabilidad de nuestros proyectos, hasta llevarla casi a cero», relató.
Ambos inversores coincidieron en que ese precedente puede ser un lastre a la hora de atraer nuevas inversiones para la transición energética. «Si todo depende de lo que digan los políticos, queda claro que tipo de seguridad jurídica impera en España y en Europa. Hay que estar mal de la cabeza para invertir tu dinero en un país que, por mucho que te prometa este tipo de escenarios, ha incurrido en los incumplimientos que ha incurrido España», remacha Gómez. «El capital que se espera no va a llegar si no se resuelven primero los problemas de confianza que se han generado con estas decisiones tan lamentables», concluyó el CEO de Aream.
Nick Cherryman, uno de los abogados que ha impulsado los procesos contra España y la táctica de embargar bienes del Reino de España en el extranjero para sustanciar el cobro de los laudos pendientes, recordó en la jornada que se promovieron medio centenar de arbitrajes contra España por la retirada unilateral de las primas prometidas en su día, que más de la mitad de esos se han resuelto y que en la mayoría de los casos ha sido en sentido contrario a los intereses de la administración española. A día de hoy hay acumulada una deuda de 2.000 millones de euros con los inversores, entre indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas, y el Gobierno ha gastado ya 70 millones de euros en su defensa.
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