Grandes empresas del Ibex piden a Hacienda que se replantee la tasa Google

La maniobra no fue bien recibida por el entonces presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que la interpretó como un ataque directo a las empresas estadounidenses, y se apresuró a responder con la apertura de un procedimiento para imponer aranceles del 25% sobre un puñado de productos especialmente sensibles para España: textil, calzado y cristalería de interior, que se unían a los que ya existían sobre las aceitunas de mesa. El destino quiso que en las célebres elecciones presidenciales de 2020 Joe Biden derrotara a Trump y que se abriera una puerta a la diplomacia, que permitió al Gobierno y a España esquivar las sanciones previstas.

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David Alandete

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Pero Trump ha regresado, y lo ha hecho con fuerza. Y este nuevo escenario ha sembrado la inquietud en los cuarteles generales de las principales multinacionales españolas con intereses en Estados Unidos. Hasta el punto de que en una reciente reunión del foro fiscal que reúne a Hacienda con muchas de las mayores empresas del país grandes del Ibex trasladaron al Ministerio de Hacienda su inquietud respecto a que la Administración Trump pudiera acabar incluyendo a España es su lista negra por la persistencia en mantener en el sistema tributario español el Impuesto sobre Servicios Digitales, según ha podido confirmar ABC de fuentes presentes en el encuentro.

Su temor se fundamenta en las duras penalizaciones que el Gobierno de Trump ha amenazado con aplicar a las empresas de los países en que detecte que existe un trato discriminatorio a las empresas estadounidenses, el mismo argumento que utilizó en 2020 para imponer aranceles a determinados productos españoles por la activación de la llamada tasa Google. Esas amenazas tienen nombre: Sección 891 y Sección 899.

A los pocos días de llegar al poder, y en el marco del plan que el presidente estadounidense bautizó pomposamente como 'America First', Trump ordenó al Departamento de Comercio abrir una investigación de dimensión global para detectar tratamientos fiscales discriminatorios sobre las empresas estadounidenses y avanzó que aplicaría la Sección 891 sobre aquellos países en que se detectaran regímenes fiscales señalados como no equitativos. ¿Y qué dice la Sección 891? Pues habilita al presidente de los Estados Unidos para duplicar la carga fiscal a los contribuyentes y empresas de países que tengan regímenes fiscales discriminatorios con las empresas estadounidenses.

Advertidos por el precedente de que Trump considera la tasa Google como un ataque a los gigantes tecnológicos estadounidenses, países como Italia han decidido replantearse el impuesto sobre servicios tecnológicos. Otros como Francia, Reino Unido y España, que también figuran entre los escasos países europeos que lo aplican, parecen haber optado por mantenerlo. Para las grandes empresas españolas con intereses en Estados Unidos se trata de una decisión arriesgada. Y así se lo trasladaron a la cúpula de la Agencia Tributaria en la reunión que el pasado mes de julio celebró el Foro de Grandes Empresas, que aprovecharon para instar al Ministerio de Hacienda a atajar de raíz cualquier posible penalización sobre España tratando de encontrar una solución conjunta al asunto con el Gobierno de Estados Unidos.

Fuentes del ámbito empresarial consideran que «lo que está en juego es la competitividad de las empresas españolas en el mercado estadounidense«, que podría verse lastrada hasta límites difícilmente sostenibles si Trump cumpliera su amenaza de redoblar la carga fiscal sobre ellas como consecuencia del mantenimiento de la tasa Google en el sistema fiscal español. El Impuesto sobre los Servicios Digitales recaudó algo más de 375 millones de euros en el ejercicio de 2024, según los datos oficiales publicados por la Agencia Tributaria, un potencial recaudatorio deslizan las empresas que palidecería ante las eventuales pérdidas que se derivarían de la pérdida de peso de las empresas españolas en un mercado como el de EE.UU.

La sensación de inquietud entre las grandes empresas españolas se acrecienta, además, por la falta de resultados de la negociación con Estados Unidos en torno a la imposición mínima global sobre las grandes corporaciones que facturan más de 750 millones de euros. Trump dejó bien claro que Estados Unidos no se consideraría sujeta al acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE para garantizar una imposición mínima del 15% sobre las grandes empresas multinacionales operaran donde operaran, pues entendía igualmente que resultaba particularmente dañina para los grandes gigantes digitales estadounidenses y arbitró una reforma fiscal, la llamada Sección 899, que habilitó lo que se bautizó como un 'impuesto de represalia' que amenazaba con gravar con entre un 15% y un 20% las rentas generadas en Estados Unidos por las empresas extranjeras cuyos países aplicaran el impuesto mínimo del 15%. «Pasaríamos de una retención del 0% o del 5% a una del 20% sobre los dividendos generados en Estados Unidos», advierten las fuentes empresariales consultadas.

La Administración Trump retiró la Sección 899 el pasado mes de julio tras un principio de acuerdo por el que los países de la OCDE se comprometían a no aplicar el impuesto mínimo global del 15% sobre las empresas estadounidenses, pero ese acuerdo estaba pendiente de una negociación que no termina de llegar a buen puerto y que en las últimas semanas ha hecho crecer la inquietud respecto a que Estados Unidos rescate la reforma fiscal que aparcó el pasado verano.