Los gobiernos regionales reparten en solo tres meses la mitad de sus recursos presupuestarios para todo el año 2023

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar la información de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas referida al primer trimestre del año y lo que dicen sus datos es que en conjunto los gobiernos regionales han asignado ya a la altura de marzo la mitad de los recursos presupuestarios que tenían disponibles para el conjunto del ejercicio.

Noticia Relacionada

La Airef acusa al Gobierno de esquivar los ajustes del gasto y augura que habrá que tomar más medidas para cumplir con Europa

Bruno Pérez

Entiende que la previsión de evolución de los ingresos es demasiado optimista y que habrá que hacer un ajuste extra de unos 4.000 millones al año para ajustarse a la nueva regla de gasto europea

La información oficial difundida por Hacienda revela que en pleno proceso preelectoral los ejecutivos autonómicos no solo han sido más diligentes a la hora de autorizar gasto corriente, aquel necesario para el funcionamiento cotidiano de la administración y del que los principales beneficiarios son sus proveedores de bienes y servicios; sino que se han esforzado por agilizar las transferencias de recursos a particulares, empresas y otras administraciones; por dinamizar su esfuerzo inversor; e incluso por asignar un mayor volumen de financiación en forma de préstamos o créditos desde el sector público.

Respecto al panorama de un año antes, los gobiernos autonómicos han movilizado al cierre de marzo 11.000 millones de euros más que en 2022 (un 13% más); han reconocido 4.600 millones más en obligaciones de gasto; y han desembolsado de forma efectiva 3.800 millones de euros más, lo que supone un crecimiento de alrededor del 10%.

Además han ensanchado sus previsiones de gasto no financiero en cerca de 10.000 millones de euros extra, lo que en cierta medida podría tener que ver con el retraso en la ejecución de los fondos europeos.

No todos los gobiernos autonómicos se han comportado de igual forma. El Gobierno de la Comunidad Valenciana había autorizado ya a la finalización del tercer mes del año cerca del 70% del gasto total presupuestado para todo el ejercicio de 2023.

Esto implica que aunque el ejecutivo valenciano no hubiera autorizado el uso de ningún crédito presupuestario más en los dos meses siguientes, en caso de que las elecciones del próximo domingo provocaran un cambio de gobierno en la región, el nuevo ejecutivo se encontraría con que el 61% de las transferencias a particulares, empresas u otros actores económicos estarían ya asignadas, así como el 40% de las inversiones y el 44% del margen previsto para dar financiación.

Otros territorios se mueven en cifras también muy elevadas. Canarias había asignado hasta marzo dos terceras partes del gasto presupuestario previsto para el conjunto del año, el gobierno de Baleares había asignado ya el 62% y el de Galicia, el 61%.

Se da la circunstancia de que de los diez gobiernos que han exprimido más sus recursos presupuestarios en el arranque del año, siete están gobernados por presidentes socialistas, bien en solitario bien con el apoyo de otras formaciones políticas. Los datos revelan un cierto patrón en virtud del cual han sido las comunidades autónomas con gobiernos socialistas las que más han acelerado a la hora de activar los créditos presupuestarios disponibles, mientras que las del PP se han movido en cifras más normales.

Hay excepciones a esta patrón. Asturias y Navarra han realizado una gestión presupuestaria más normal con datos de ejecución más normales para un primer trimestre del año, con cifras de movilización del gasto del 34% y el 38% respectivamente. El Gobierno del País Vasco, sin elecciones en el próximo mes de mayo, había asignado al cierre de marzo apenas un 18% de su presupuesto.

La información difundida esta semana por el Ministerio de Hacienda desvela también la escasa flexibilidad de la maquinaria presupuestaria. La urgencia de los gobiernos autonómicos por desbloquear los créditos presupuestarios asignados a las iniciativas políticas incluidas en sus presupuestos no se ha visto correspondida con un desempeño similar ni en la asignación de esos créditos, ni mucho menos en los pagos efectivos realizados desde las administraciones autonómicas.

De un modo similar a lo que ha sucedido con los 'martes electorales' de La Moncloa, en los que se han anunciado inversiones millonarias en capítulos presupuestarios que presentaban niveles de ejecución ínfimos en la primera parte del año, la masiva movilización de crédito presupuestario en las comunidades autónomas durante los tres primeros meses del año no ha tenido un grado demasiado alto de concreción. De los más de 102.000 millones de crédito presupuestario que los gobiernos autonómicos han movilizado hasta marzo, sólo han asignado de forma efectiva, bien porque se hayan abierto las convocatorias para asignar esos créditos, porque se haya dado la orden de transferir los recursos a un acto económico concreto o porque se haya reconocido el gasto o el préstamo, algo más de 43.000 millones, es decir, alrededor de un 40% del gasto total 'anunciado'.

Los recursos que han salido de forma efectiva de la caja de la Administración ascienden a 38.000 millones, de los que cerca de una sexta parte se corresponden con pagos que quedaron pendientes de realizar en el ejercicio de 2022.