El Gobierno quiere dar poder a las juntas de vecinos para vetar los pisos turísticos
La ministra de Vivienda asegura que la decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
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El alcalde de Barcelona plantea eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en cuatro años

El Gobierno busca dar un paso al frente en plena ofensiva de los ayuntamientos para frenar la proliferación de los pisos turísticos. Tras varios meses de titubeos, el Ministerio de Vivienda plantea ahora que sean las comunidades de propietarios las que tengan el poder de vetar los apartamentos turísticos. Lo ha adelantado así este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al asegurar que su departamento está valorando habilitar esta herramienta a través de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.
Durante su intervención en el programa 'Mirada Crítica' de Telecinco, Rodríguez ha dicho que los vecinos podrían recibir estos poderes al considerarse que las viviendas ejercen una actividad económica. Un argumento que asegura que viene respaldado por la visión del Tribunal Supremo que ya dio la razón a dos vecindarios de Oviedo y San Sebastían el año pasado para cesar la actividad del alquiler turístico en ambos inmuebles.
«A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo», ha explicado.
Es una medida que la patronal turística Exceltur ya planteó al Gobierno a finales de 2022, como posible solución a impulsar a nivel estatal. Pero en la más amplia práctica son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes verdaderamente tienen potestad para regular el fenómeno de los pisos turísticos. No han sido pocos los movimientos de los grandes consistorios españoles en lo que llevamos de 2024. El más tajante ha sido el ayuntamiento de Barcelona, que la semana pasada anunció su intención de eliminar en 2028 los alrededor de 10.000 pisos turísticos que operan en la Ciudad Condal .
Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia también han anunciado medidas como la de congelar las nuevas licencias para alquileres de corta estancia. Las comunidades, en todo caso, piden al Ejecutivo que refuerce las competencias de los ayuntamientos para perseguir la oferta ilegal de apartamentos vacacionales, que en muchas ciudades son la amplia mayoría de la oferta disponible, como así figura en los portales de reservas.
Rodríguez ha celebrado que las administraciones estén tomando «cartas en el asunto», poniendo el ejemplo de Barcelona. «Va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos».
La ministra se reunirá esta tarde con las comisiones de Vivienda y de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en su sede para tratar este tema y otros relacionados con la vivienda como la modificación ley del Suelo, que el Gobierno tratará de sacar adelante en el Congreso tras retirarla hace unas semanas por falta de apoyos parlamentarios.
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