El Gobierno siembra dudas en el negocio del gas natural

Entre enero y abril, el peso del gas para la generación de electricidad estuvo entre el 10% y el 14%. Sin embargo, en los que va de mayo, tras el gran apagón, la cifra ha subido al 16%, y, en algunos días, ha llegado a ser cercano al 20%.

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Raúl Masa

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No se trata de algo casual. Red Eléctrica está aplicando restricciones técnicas y está forzando la entrada de las centrales de ciclo combinado en el sistema. Esto provoca un aumento del precio final en la factura que deberán pagar los consumidores, pero ni el operador ni el Gobierno quieren que haya el mínimo problema en la red mientras dura la investigación sobre el gran apagón que se produjo el pasado 28 de abril.

Aquí es donde entran las contradicciones del Gobierno. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), el Ministerio para la Transición Ecológica mantuvo el nivel de capacidad instalada de los ciclos de gas igual que está en estos momentos: 26 GW de potencia. Es decir, desde el Ejecutivo asumen que no pueden prescindir esta tecnología porque, como se ha demostrado durante estas semanas, hasta que las renovables no hayan tenido una integración satisfactoria en el sistema, se precisa de tecnologías de respaldo y robustez necesarias por si suceden eventualidades que pongan en riesgo la red.

Pese a esto, el Gobierno no ha gastado ni un minuto en poner en valor la disponibilidad de estas centrales que, en muchos casos, arriesgan su viabilidad económica con plantas que apenas tienen actividad en los últimos años.

Sobre esta situación económica, las centrales están a la espera del denominado sistema antiapagones. Tras el apagón se ha puesto más relevancia –si cabe– la vigente propuesta de Orden Ministerial para la creación de un mercado de capacidad para los ciclos combinados que ha reavivado el debate sobre cómo garantizar la seguridad de suministro y la electrificación creciente de la economía. A esta presión se suma el auge de nuevas infraestructuras con altas demandas energéticas, como los centros de datos, y la aún incipiente capacidad de las baterías como sistema de respaldo.

Este mercado de capacidad es un mecanismo mediante el cual el Gobierno paga una retribución a una serie de centrales, puede ser de cualquier tecnología, aunque está muy orientada a las centrales de gas, mediante la cual están obligadas a estar disponibles y entrar en acción si hay un problema en la red.

El problema es que se viene gestando desde que Teresa Ribera era ministra para la Transición Ecológica, y todavía no están definidos. Además, según ha podido conocer ABC en fuentes del sector energético, tampoco se ha dado una propuesta alternativa a las compañías que operan ciclos de gas por si no entran en este mecanismo de capacidad. Es decir, cómo pueden mantener sus negocios sin incurrir en pérdidas, pero que deben seguir estando activos según el Pniec.

El Gobierno necesita el gas. Así lo ha puesto por escrito. Pero tampoco quiere que esté muy presente a la hora de generar electricidad por su elevado nivel de emisiones de carbono.

Para solventar esta situación, el sector gasista está apostando por el biometano, que cuenta con un potencial de producción nacional que asciende a 163 TWh al año. Esta tecnología demuestra el potencial suficiente para cubrir en torno al 50% de la demanda de gas natural en España. Según explica, «este vector es una fuente renovable y autóctona que permite no solo reducir la dependencia energética del exterior y mejorar la balanza comercial, sino también evitar 83 millones de toneladas de emisiones de metano. Sin pasar por alto que su desarrollo se traduciría en más de 62.000 empleos directos e indirectos en actividades de operación y mantenimiento, y movilizaría inversiones superiores a 40.000 millones de euros, con especial impacto en zonas rurales».

Sin embargo, el apoyo es muy justo. Se lamentan desde la organización sectorial Sedigás que «a pesar de este potencial, la producción actual representa apenas el 0,1% de la demanda de gas natural en España. No ayuda que la meta fijada para el biogás (20 TWh/a) en el Pniec resulte limitada y poco ambiciosa. Además, no está alineada con el potencial identificado, ni con el apetito inversor existente. En este momento, el sector estima un número de 685 instalaciones y una producción asociada de aproximadamente 29 TWh/a –sobre la base de la expresión de interés para su conexión a las infraestructuras de transporte y distribución– en el horizonte 2030».