Las medidas que se han acordado con Junts: la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados por la dana

El PP y los nacionalistas catalanes no cedieron al chantaje, a esto siguieron siete días de acusaciones cruzadas, y hoy Sánchez ha logrado salir del paso con un nuevo ómnibus pactado con los de Míriam Nogueras, uno que no ha salido gratis. A cambio del sí a mantener la prohibición de los desahucios a inquilinos vulnerables, Junts le ha arrancado a Sánchez la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, en caso de que se produzca un impago del alquiler; está por ver quién se podrá beneficiar y cómo se financiará el mecanismo.

Como ya se ha avanzado, en el nuevo decreto figuran 29 medidas (en el original había 80), entre las que destacan la subida de las pensiones y el ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte, el bono social, la prohibición del corte de suministros a familias vulnerables y las ayudas a los afectados por la dana y el volcán de la Palma.

Lo más acuciante era resolver la revalorización de las pensiones, que supone una subida del 2,8% con carácter general (en línea con la inflación) para las del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. En enero los pensionistas han cobrado el importe revalorizado, pero hasta esta mañana había mucha incertidumbre sobre si el acuerdo para un nuevo decreto llegaría a tiempo para el cobro de las nóminas de febrero. A su vez, también se ha salvado la subida de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, que será del 9%, y de las pensiones mínimas, del 6%.

Otro asunto de urgencia era la prórroga de las ayudas al transporte, medida que -según lo acordado en Consejo de Ministros el 23 de diciembre- va a aplicarse hasta el uno de julio, fecha en que entrará en vigor el nuevo esquema de bonificaciones.

Exactamente, lo que se ha salvado hoy son los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y líneas de autobús de titularidad estatal, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones para asegurar descuentos al menos del 50% en el precio de los billetes y abonos multiviaje de los transportes que son de su competencia.

Como ya se ha avanzado, y sorpresivamente, porque muchos lo daban por amortizado, el Ejecutivo también ha logrado el mantenimiento de la prórroga de la prohibición de desahuciar a los inquilinos vulnerables que no puedan hacer frente a sus alquileres. Hay que recordar que, en atención a esta norma, que fue aprobada durante la pandemia, un propietario no puede expulsar a su arrendatario de su inmueble si se declara en situación de vulnerabilidad, bajo unos determinados parámetros que fija la ley. El problema es que esa situación se está enquistando para muchos dueños de inmuebles, que ven cómo sus inquilinos permanecen en sus casas sin pagar el alquiler mensual mientras los servicios sociales de la Administración no actúan.

A pesar de todo Junts ha votado que sí, pero a cambio se ha incluido en el decreto una especie de seguro para los caseros que se enfrenten a un inquilino impagador. Se conocen pocos detalles de esta propuesta, que en realidad no es nueva porque Sánchez ya la anunció hace dos semanas. Como ha explicado ABC, lo poco que se sabe es que será un fondo de garantías públicas -gestionado por el Ministerio de Vivienda- con el que el Estado compensará a los caseros en caso de que el inquilino deje de pagar el alquiler. Por lo que ha explicado el partido secesionista catalán esta mañana, el fondo también se hará cargo de los desperfectos en la vivienda que puedan generar los arrendatarios morosos, así como de los suministros no sufragados.

Entre lo que se queda, también destaca la prórroga del escudo antiopas hasta 2026. Con esto, el Gobierno mantiene su capacidad de vetar la compra de grandes empresas españolas por parte de inversores extranjeros con residencia en la UE. Es la enésima prórroga de esta medida, que desde que entró en vigor en 2022 ha sido usada para poner condiciones al desembarco de la saudí STC en Telefónica o para tumbar la OPA que Ganz Magaz Europe lanzó sobre el 100% de Talgo. A nadie escapa que, tras esta prórroga, el Gobierno reactiva un mecanismo que podría ser útil para hacer frente a las ambiciones de la polaca Pesa y la indica Jupiter Wagon sobre el fabricante español de trenes.

Con permiso del escudo anti-opas, lo que queda fuera son las medidas menos sociales, como las ayudas a la compra de un coche eléctrico o las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, aunque el presidente Sánchez ha anunciado que en las próximas semanas trabajará con los grupos parlamentarios para sacar adelante otro real decreto-ley que incluya mucho -está por ver en qué queda- de lo que hoy no se ha pactado. Entre estas medidas estarán las ayudas para la electrificación de vehículos, el llamado Plan Moves. No es poca cosa, porque el fabricante italiano Stellantis había comprometido el empleo y la producción en Vigo, Zaragoza y Madrid a las ayudas a la industria de la automoción.