El Gobierno quiere liberar a cerca de 4.000 empresas de la obligación de hacer auditorías y va al choque con los economistas

Exactamente, lo que propone el anteproyecto de ley es una modificación de la Ley de Sociedades de Capital y la de Auditoría de Cuentas para elevar un 25% dos de los tres umbrales que se utilizan en nuestro país para decidir si una empresa está obligada a contratar a un profesional para que investigue si sus cuentas son fiel reflejo de su patrimonio y su situación financiera.

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Actualmente, esos umbrales refieren al número de empleados (menos de 50), los activos (menos de 2,85 millones de euros) y la cifra de negocio (menos de 5,70 millones), de modo que, si una pyme cumple dos de esos criterios durante dos años consecutivos, está eximida de auditar sus cuentas. El caso es que la ley en ciernes ensancharía los umbrales para situar el volumen de activos en los 3,56 millones de euros y la cifra de negocio en los 7,12 millones, una ampliación que se ha situado en el 25% porque es el porcentaje que fijó la Comisión en la directiva de 2023, que cambió el criterio que se usaba para definir el tamaño de las empresas.

Como ya se ha avanzado, todo porque Bruselas quiere reducir la burocracia, más aún tras la deriva aislacionista de la nueva Casa Blanca, que ha convencido al Viejo Continente de la necesidad de ser más competitivo. Pero no solo por eso la UE aprobó la directiva de 2023, pues también pesó la necesidad de ajustar a la inflación el criterio que define cuándo una pyme es ‘grande’ y racionalizar así sus obligaciones legales. De ahí que los umbrales se ajustaran un 25%, cálculo que se hizo en función de la evolución del IPC desde 2013 (fecha de aprobación de la última directiva de pymes).

Para contextualizar el efecto que tendrá el anteproyecto -si el Ejecutivo logra sacarlo adelante esta legislatura, a pesar de su debilidad parlamentaria-, basten algunas cifras. Según se lee en el último informe de auditoría de cuentas elaborado por el Ministerio de Economía, en 2024 en nuestro país se realizaron 72.723 informes de auditoría, de los que un 36% correspondían a pymes con una facturación inferior a los 6 millones de euros. Aun teniendo en cuenta que muchas empresas contrataron un auditor aunque no estaban obligadas a ello, esto lleva la cifra potencial de empresas afectadas por la exención legal más allá de la estimación del Gobierno.

Se trata de una flexibilización burocrática, así que los beneficios parecen evidentes a simple vista, pero ayer los economistas y auditores le echaron agua al vino al advertir de que la medida podría ser contraproducente. En un informe conjunto que enviaron al Ministerio de Economía, el Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) prevén que la pérdida de transparencia alimentará la economía sumergida, multiplicará los errores contables y desprotegerá a los accionistas.

Hasta ahí, no hay nada que pueda sorprender demasiado, pero los profesionales del sector incluso temen un aumento de costes para el tejido empresarial, uno que no compensaría esos 32 millones de ahorro anual que estimó el Ejecutivo. Básicamente, porque las auditorías tienen un efecto directo sobre la buena gobernanza de las empresas, y eliminarlas aumentará los riesgos del acceso a la financiación, la participación en procedimientos de contratación pública y la gestión adecuada de subvenciones, opinan los economistas. Además, si las empresas pequeñas reducen sus controles de cumplimiento, «podrían derivar estos costes a la cadena de suministros de empresas más grandes», se lee en el texto del CGE y el ICJCE.

Economistas y auditores están disconformes también con el hecho de que el Gobierno pretenda elevar los umbrales copiando el dato de la directiva europea (ese 25%). En su opinión, esto no se ajusta a la evolución del IPC en España (21,6% entre 2013 y 2023) e ignora que esa inflación no ha generado más ventas ni activos. Además, recuerdan que la ley europea refiere al tamaño de las pymes, pero no es una normativa sobre auditorías.