El Gobierno prorrogará durante 2025 el escudo antiopas para blindar a empresas estratégicas

Lo mismo ha sucedido con Telefónica. La entrada de la saudí STC en el capital del operador de telefonía activó este escudo antiopas. El operador de origen árabe se ha tenido que adaptar a las prescripciones de la norma, y ha tenido que someterse a una serie de restricciones en materia de inversión. En este caso no ha habido mayores reproches por parte de STC.

Una de las empresas impactada directamente por el escudo antiopas es Naturgy. La pasada primavera la compañía gasista fue objeto del estudio para lanzar una opa por parte del grupo emiratí Taqa junto a Criteria Caixa. Sin que la situación llegase a cuajar, cualquier intentona hubiera chocado con dicho escudo –como ya sucedió con la entrada del fondo IFM en su capital–.

La compañía presidida por Francisco Reynés tiene actualmente el control del 70% de las redes de distribución gasista en España. Cuenta con más de 5,4 millones de puntos de suministro.

Los distribuidores, entre los que Naturgy tiene el control absoluto, son los titulares de las instalaciones de distribución de gas natural y son los encargados de construir, operar y mantener las redes y de permitir el acceso de terceros.

Todo esto sitúa a Naturgy como el claro ejemplo de una compañía estratégica que está a merced de lo que se plantee ante medidas proteccionistas. Así, estos planteamientos pueden afectar a las decisiones que tomen los potenciales inversores con respecto a movimientos corporativos con la gasista. Y es que, en caso de intentar opar a una de estas compañías hay que ceñirse a una serie de medidas.

Sobre cómo ha sido la evolución, el Gobierno tan solo aplicó el denominado este escudo entre marzo de 2020 y finales de 2023 para desautorizar una operación de las 264 que se han sometido al escrutinio de esta normativa, que entró en vigor en plena pandemia del Covid y ante el temor a que la pérdida de valor bursátil de las compañías españolas produjese el desembarco de inversores extranjeros con intereses más allá de los meramente comerciales.

La normativa relativa al control de las inversiones extranjeras establece que el Gobierno debe autorizar las operaciones en compañías nacionales estratégicas cotizadas en las que una empresa extranjera pretenda superar el 10% del capital o el 5% en caso de estar relacionada con la defensa nacional, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Para este próximo año, si finalmente se prorroga, volverá a activarse cuando el Gobierno determine que la empresa afectada es de carácter estratégico. Por el momento, al margen de Naturgy, y la propia Telefónica, más la operación abierta de Talgo, no existen muchos rumores de mercado que sitúan movimientos corporativos en firme. No obstante, se trata de algo clave para el Ejecutivo español.