El Gobierno prepara un «tijeretazo» en las prestaciones por desempleo

Actualmente, un trabajador que se ha quedado en el paro percibe el 70% de su base reguladora durante los primeros 180 días (seis meses). A partir del día 181 y hasta el final de la prestación cobra el 60% de la citada base reguladora. Pues bien, responsables de los ministerios de Economía y de Trabajo, así como de la Oficina Económica de La Moncloa, han propuesto rebajar esos porcentajes hasta el 60% en los primeros 180 días y al 50% para el resto del periodo, según ha podido saber este periódico. Un ejemplo: un desempleado con una base reguladora de 1.000 euros y dos años de paro cobraría unos 15.000 euros en ese periodo con la normativa actual. Con la modificación propuesta, recibiría 2.400 euros menos, lo que supone un recorte del 16%. Cabe recordar que a finales de julio, la lista oficial de parados era de 3,9 millones.

Otra medida que está estudiando el Ejecutivo es la de recortar también los días que se tienen derecho a la prestación por desempleo. Su duración está en función del periodo de cotización a la Seguridad Social durante los últimos seis años anteriores a la situación de paro.

La escala va desde el cobro del subsidio durante cuatro meses por un año cotizado, hasta los dos años de paro si se han cotizado seis años. Para percibir la prestación un año, antes se ha tenido que cotizar tres. La modificación podría realizarse ampliando los periodos de cotización y/o reduciendo la duración de las prestaciones.

Una prueba de que el Gobierno quiere «meter la tijera» en el gasto por desempleo es que hace pocas semanas, coincidiendo con el mal dato de la EPA sobre el paro (20,09% de tasa en el primer semestre), el presidente del Gobierno anunció, para dulcificar futuros recortes, la prórroga durante seis meses de la ayuda de 426 euros que reciben mensualmente los desempleados que han agotado ya todas las prestaciones, aunque se limitó el colectivo que puede acceder a la ayuda.

A finales de junio había en nuestro país más de 1.300.000 hogares con todos sus miembros en paro y, desde que se creó esa ayuda hace un año, unas 570.000 personas han cobrado los 426 euros. Además de esta importante reforma en las prestaciones, el Gobierno quiere controlar más a los parados y evitar que rechacen gratuitamente ofertas de trabajo o que, mientras cobran el subsidio, estén realizando otras labores remuneradas no declaradas.

La iniciativa fue adelantada por el ministro Celestino Corbacho hace unas semanas: el que no acepte las ofertas de trabajo que se le hacen desde los servicios públicos de empleo de las respectivas comunidades autónomas, no cobrará la prestación. La actual legislación considera como grave esa infracción y, la primera vez que se comete, conlleva una suspensión de la prestación de tres meses.

El año pasado, 237.000 parados fueron sancionados o sufrieron bajas cautelares en el cobro de sus subsidios por diversas irregularidades, según los datos que el Ministerio de Trabajo recopiló de las autonomías. De esa cifra no se puede saber cuántos fueron los sancionados por haber rechazado alguna oferta de empleo, según un portavoz de ese Departamento. En cualquier caso, esos 237.000 parados no solo suponen un récord histórico, sino que son el doble de los registrados hace cuatro años (2006). Bien es cierto que la cifra es proporcional al número de desempleados, que al acabar 2009 superaba los 3,923 millones.

La propuesta de recortar el subsidio ya fue adelantada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una entrevista con ABC el pasado mes de junio en la que avanzaba la intención del Gobierno de reformar las prestaciones por desempleo para «acercarlas más al concepto de política activa en lugar de una política pasiva». Eso sí, subrayó que los cambios se producirían «cuando haya pasado la crisis», ya que el sistema de protección «está evitando que el paro provoque una explosión en la calle». En las mismas fechas, el ex ministro de Economía Miguel Boyer afirmó que el Gobierno ha prolongado demasiado los subsidios de desempleo con sus ayudas adicionales y advirtió de que no va a poder mantener por más tiempo estas ayudas. Ahora, el ajuste ha obligado a adelantar los planes.