La patronal amiga del Gobierno entra oficialmente en el Consejo Estatal de la Pyme y en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada

La patronal celebra su entrada «en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial más representativas». Apunta que, de este modo, se «reconoce su papel, su labor y su derecho a estar como interlocutor social (agente económico y social) más representativo de las pymes de nuestro país».

Previamente, el Gobierno había incluido a la asociación amadrinada por la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, en el Consejo Económico y Social (CES), lo que ha provocado malestar en el propio organismo ya que la introducción se hizo sin consulta previa.

Según informa Conpymes, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de abril un Real Decreto por el quese modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme y se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Es una modificación del Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa. Se justifica la modificación en la composición del Consejo Estatal de la Pyme, por un lado, actualizando el número de vocalías correspondientes a los ministerios para adaptarlo a la actual estructura ministerial y, por otro lado, aumentando el número de vocalías correspondientes a organizaciones empresariales y sindicales, para garantizar una mejor representatividad de las pymes y sus trabajadores en dicho órgano.

Este aumento de la presencia de la patronal amiga del Ejecutivo en las instituciones públicas se produce en plena tensión entre Trabajo y la CEOE por el debate de la reducción de jornada laboral. La noticia también coincide con un día en que también el presidente, Pedro Sánchez, acude a un evento de la patronal independentista catalana Pimec.

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Tras su oficialización, el presidente de Conpymes, José María Torres, celebraba la entrada de la patronal: «Estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-Cepyme como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país, en línea con la Recomendación de la Comisión Europea que insta a la democratización del Diálogo Social».

Torres recuerda que, «con motivo del recurso interpuesto por Conpymes contra las subvenciones nominativas, el Tribunal Supremo ya empezó a romper el monopolio de la representación empresarial anulando el Real Decreto 1027/2022 que concedía subvenciones directas a la digitalización a CEOE-Cepyme y UGT en diciembre de 2022 por valor de 30,6 millones de euros al considerar que el Gobierno no llevó a cabo la adjudicación por los cauces oportunos al no realizar una convocatoria pública. El fallo fue contundente al considerar la alta importancia de esta adjudicación por parte del Gobierno al tratarse de dinero procedente de los fondos europeos Next Generation para formación para el empleo y al hacerse eco de un informe del interventor del Ministerio de Educación y Formación Profesional que desaconsejaba la entrega de estas ayudas».

El presidente de Conpymes añade que «el Tribunal Supremo en la sentencia dejó claro que aunque pueda ser notorio que ambas organizaciones empresariales y la organización sindical beneficiarias de la subvención son representativas constituyendo interlocutores sociales, también lo es que no son los únicos interlocutores por lo que la atribución de «posición única» carece de justificación. También expresó sus dudas a la supuesta representación que se otorga a las organizaciones CEOE y Cepyme para justificar su condición de únicos perceptores, porque ni tan siquiera está documentado».

La Fiscalía denunciaba el pasado 22 de febrero a las dos asociaciones, Uatae y Pimec, por presunto delito de falsedad documental y por cobros irregulares, tras una denuncia de Trabajo. En concreto, Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid está investigando si ambas organizaciones se valieron de un documento presuntamente falso para conseguir una subvención pública para asociaciones de autó­nomos superior a lo que les correspondería.

«Los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos, dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía», detalla la denuncia de la Fiscalía.

El proceso tiene origen en un escrito con fecha 28 de julio de la Dirección de Trabajo Autónomo, dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, presentado en la Fiscalía de Madrid. A raíz del mismo, la sección de delitos económicos presentó la correspondiente denuncia con fecha 23 de noviembre.

Para la Fiscalía los denunciados llevaron a cabo, de forma concertada, distintos actos fraudulentos para obtener en una puntuación un 273% superior en la convocatoria, lo que les proporcionó una subvención de 266.123,10 euros, 133.211,84 euros más de lo que le correspondería. Esta situación produjo un perjuicio para el erario público y a las otras dos organizaciones de autónomos. En el caso de ATA salió perjudicada con 98.055,41 euros y con 35.156,43 euros Upta.