El Gobierno de Meloni recaudará 11.000 millones de bancos y aseguradoras para financiar gasto social y recorte de impuestos

La batalla política ha sido tan intensa como la búsqueda de los fondos. No ha sido un camino pacífico para Giorgia Meloni, que ha tenido que mediar con los partidos de la mayoría gubernamental. La confrontación entre el vicepresidente Antonio Tajani, que defiende intereses de la familia Berlusconi, ligada a la Banca Mediolanum, y el otro vicepresidente Matteo Salvini, que reivindica el «buen sentido» de exigir un aporte a los «extra-beneficios» para ayudar a las familias, tensó la cuerda de la mayoría gubernamental hasta el último minuto. La clave para desbloquear el conflicto residió en una «fórmula creativa» que permitió a Forza Italia salvar la cara y no tener que votar una «tasa soviética», tal como la había calificado el líder del partido, Antonio Tajani. La solución final, aunque mantiene el objetivo de recaudación en los 11.000 millones, evita el impuesto extraordinario a los «extrabeneficios» de 2023, que tanto pánico desató en la Bolsa el año pasado.

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Ángel Gómez Fuentes

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En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, Giorgia Meloni agradeció públicamente a bancos y aseguradoras su «disponibilidad» y subrayó que no había «ánimo punitivo», sino la necesidad de concentrar recursos en prioridades sociales sin desviarse de la senda de déficit y deuda. En paralelo, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, remarcó que el sistema bancario italiano es «sólido y muy rentable», y que el impacto del paquete es «aceptable» aunque «aceptado a regañadientes» por el sector.

El otro foco de la rueda de prensa fue el IRPEF. Hasta ahora la clave era la rebaja del segundo tramo, del 35% al 33% para rentas entre 28.000 y 50.000 euros. Giorgetti introdujo hoy un matiz importante: el beneficio se extenderá de hecho a quienes tengan ingresos de hasta 200.000 euros, mientras que por encima de esa cifra se neutralizará el efecto de la rebaja. Es decir, se limita el ahorro en la cúspide de la distribución y se protege el tramo alto-medio, mensaje que Meloni acompasó con la idea de «centrarse en la clase media». El detalle final quedará en manos del Parlamento, pero la línea política está fijada.

Para cuadrar el círculo, el Ejecutivo combina ese alivio fiscal con una batería de medidas, como refuerzo de incentivos a la inversión o un paquete familiar que incluye el aumento del «bonus mamma». El mensaje es el de una Ley de presupuestos de dimensiones contenidas, pero orientada a los grandes capítulos sociales. El prestigioso economista Carlo Cottarelli ha elogiado la «dirección correcta» de la Ley de presupuestos al no tomar riesgos en las cuentas públicas y al destinar los 18.000 millones de gasto a fines válidos como sanidad y reducción del IRPF. Pero ha criticado que el paso es «demasiado corto» y que la presión fiscal general seguirá siendo alta (en el 42,8% del PIB).

Con la Ley de Presupuestos para el 2026, Giorgia Meloni se anota una victoria política, al conseguir el dinero necesario para financiar sus promesas sociales. No obstante, el debate sobre el coste social y la equidad de las medidas ha sido amplificado por una severa advertencia del Presidente de la República, Sergio Mattarella. Coincidiendo con la aprobación de los presupuestos, el jefe del Estado ha lanzado un claro toque de atención, señalando que en Italia los salarios reales no han recuperado el terreno perdido tras la inflación, mientras accionistas y altos directivos sí han visto premios abultados.