El Gobierno maniobra para aprobar la oferta de empleo público el martes, en plena campaña electoral

De mantener esta hoja de ruta el Gobierno publicaría la oferta de nuevas plazas para la plantilla de la Administración del Estado, de la que están pendientes cientos de miles de opositores que aspiran a adquirir la condición de funcionarios, en plena campaña de las elecciones generales, que arranca ya este viernes. Y lo hará, además, tras haber superado el plazo legal que estableció en la Ley de Presupuestos de 2023, donde se preveía su aprobación antes del 30 de junio, como se han encargado de recordarle los sindicatos desde hace un mes.

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Fuentes sindicales revelan que no han recibido información alguna por parte del Gobierno sobre la oferta en las últimas semanas y que ni siquiera ha habido las tradicionales reuniones preparatorias para afinar las necesidades de cada departamento y las prioridades de incorporación de nuevo personal. Sí admiten, sin embargo, que en los últimos días han recibido algún mensaje informal sobre la posible convocatoria de una reunión este próximo viernes, que haría de prólogo al preceptivo encuentro de la Mesa General de la Administración General del Estado que debe preceder, aunque sea solo formalmente, la aprobación del decreto de la oferta pública de empleo.

Así fue en 2022, cuando la mesa se reunió un 23 de mayo y la oferta de empleo fue aprobada por el Consejo de Ministros el 24, solo un día más tarde.

El contexto es bastante diferente en esta ocasión. Porque la aprobación se produciría en plena campaña electoral y porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido desde los primeros compases de su gestión la oferta de empleo público en uno de los emblemas de su apuesta por lo público.

Si la última oferta pública de empleo del gabinete de Mariano Rajoy -la más generosa de todo su periodo de gobierno y la más ambiciosa desde 2008- sacó 23.156 plazas; al año siguiente la primera diseñada por un gobierno de Pedro Sánchez la elevó más de un 40% hasta las 33.843 plazas. Desde entonces el listón se ha mantenido o elevado: 28.055 plazas en 2020 (en plena pandemia); 31.371 en 2021; hasta la cifra récord de 44.787 del año pasado.

El Gobierno no solo no atiende a las voces críticas que le acusan de tensar las costuras de la cuenta de gastos de personal del Presupuesto del Estado, que en los últimos cinco años se ha disparado un 30% desde los 15.836 millones de euros en que cerró 2017 hasta los 20.502 millones presupuestados para este ejercicio, sino que ha presumido de una estrategia que según sus datos ha permitido crear empleo neto en la Administración del Estado por primera vez en 15 años.

La cifra de la oferta de empleo público de 2023 se guarda con celo en el seno del Gobierno, pero la inclusión en los Presupuestos de un puñado de dispositivos excepcionales que habilitan al Ejecutivo a engrosar la convocatoria auguran otra oferta récord.

Para empezar este año se consolida la regla instaurada en 2022 que permite al Gobierno convocar un 10% más de plazas respecto a las bajas registradas en el ejercicio precedente, con un extra del 20% para departamentos considerados prioritarios y del 25% para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la de tener en cuenta esa tasa para nuevos servicios instaurados en la Administración, lo que según la información a la que ha tenido acceso ABC le permitirá convocar 600 nuevas plazas, principalmente de informáticos.

Pero es que además el Gobierno podrá incluir en la convocatoria las plazas no cubiertas en las ofertas de los últimos tres años, que se cuentan por cientos; las plazas ocupadas por interinos o sustitutos; y las que haya que convocar para cumplir el techo de temporalidad del 8% que prevé la ley.

Las fuentes conocedoras consultadas por ABC destacan que el Gobierno aprovechará el real decreto para avanzar en una de las estrategias que más controversia interna ha creado en los últimos meses, especialmente con los cuerpos superiores, la agilización del acceso a la Administración y particularmente de la promoción interna.

La intención del Gobierno es fijar un plazo máximo de nueve meses para cubrir las plazas convocadas para el Estado,

a realizar en cualquier oposición y sentar el principio de que los funcionarios que quieran promocionar no tengan las mismas pruebas que los opositores.