El Gobierno libera de su impuesto a la banca a medio centenar de entidades extranjeras

El último episodio ha sido el sorprendente- borrado 'in extremis' del texto de la proposición de ley del último rastro que quedaba de la enmienda que PSOE y Podemos plantearon a su propio texto y que preveía la extensión del impuesto a todas las entidades bajo supervisión del Banco Central Europeo (BCE), y no solo a aquellas que ingresaran más de 800 millones de euros en intereses y comisiones como recogía el texto original.

Esa enmienda, que los grupos del Gobierno justificaron en su momento por la necesidad de «evitar alterar la competencia en el mercado de grandes entidades», como se les venían exigiendo desde el sector bancario doméstico e incluso desde el BCE, hubiera metido bajo el perímetro del impuesto a alrededor de medio centenar de entidades europeas con sucursales o incluso sin establecimientos permanentes en España, que sin embargo sí tienen negocio en el país y que están en el listado de entidades de relevancia sistémica del BCE.

Pese a ser los propios promotores del impuesto a la banca los que presentaron tal enmienda, la norma salió de la Comisión de Economía del Congreso con rumbo al Senado sin esa modificación que planteaba la inclusión en el radio de acción del gravamen a la banca de «las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones» en el articulado de la norma, pero con ella recogida en la exposición de motivos, en la que se explican tanto las motivaciones como los objetivos de la proposición de ley.

La confusión generada fue tal que ni los grupos parlamentarios impulsores del proyecto ni los potenciales afectados eran capaces de dilucidar a la luz de ese texto si bajo esas condiciones el gravamen era imputable a las entidades bajo supervisión del BCE o no. Las fuentes sectoriales y parlamentarias consultadas por ABC en esos momentos no acertaban a determinar si el error era la inclusión de ese criterio en la exposición de motivos o su exclusión del articulado de la norma.

El enredo quedó aclarado días después cuando se publicó el texto registrado en el Senado y se pudo comprobar la desaparición de toda referencia a la enmienda de la exposición de motivos, tras liquidarla a través una corrección técnica votada a última hora en el Pleno del Congreso y cuyo contenido preciso no trascendió.

«Hemos aclarado el asunto con una enmienda transacionada con el PNV», se limitan a explicar desde el Grupo Socialista para justificar su decisión de tumbar una enmienda propia que resolvía una de las objeciones fundamentales que el BCE realizó al gravamen español sobre la banca: el riesgo de que afectara a las condiciones de competencia en el mercado bancario.

Esa aclaración ha consistido en realidad en añadir la construcción «que operen en territorio español» al perímetro definido originalmente en la norma, que reservaba la aplicación del gravamen a las entidades de crédito y establecimientos financieros cuya suma de ingresos por intereses y comisiones sea igual o superior a 800 millones. Según las fuentes jurídicas consultadas, ese añadido no altera en ninguna medida el radio de acción que la norma definía en su redacción original y que ya preveía que el gravamen se aplicara a las muy contadas entidades foráneas con esa cifra de negocio en España.

Sí altera de forma significativa la operativa del futuro impuesto la eliminación de la enmienda planteada por PSOE y Unidas Podemos a su proposición de ley. La maniobra de última hora de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno exime del pago del gravamen a medio centenar de entidades que operan en territorio español, según el listado del Banco de España, y que también cumplen el requisito de estar bajo supervisión del BCE por ser consideradas sistémicas para el sector financiero europeo.

Entre ellas, un puñado de grandes bancos de implantación continental, cuya cifra de negocio en España tal vez no sea lo suficientemente importante para convertirlas en contribuyentes del impuesto español pero que compiten con las grandes entidades españolas en otros mercados.

Esta situación de desequilibrio fue sobre la que advirtió el BCE y la que el propio Gobierno, a través de la enmienda registrada por el Grupo Socialista y Unidas Podemos, trató de abordar en el trámite parlamentario tras las correspondientes llamadas de atención realizadas desde el sector, que ha insistido desde la Asociación Española de la Banca (AEB) en la necesidad de que el nuevo impuesto observara su impacto sobre la competencia, no solo entre entidades sino también entre diferentes servicios financieros.

Fuentes del sector financiero admiten su malestar por la forma en que se ha resuelto el asunto, que, entienden, va a dañar la competitividad de los bancos españoles en el contexto europeo al imponerles una carga extra no respaldada por la Comisión Europea, desaconsejada por el BCE y que no van a tener sus principales competidores.

«Parece que el Gobierno ha puesto por delante no exponer su reputación en otros países sobre preservar la competitividad de la banca española», asegura una fuente que ha estado al tanto de todo el proceso, que no obstante advierte: «Esta decisión también va a facilitar los recursos contra el impuesto ante las instancias europeas».

De no experimentar cambios en el Senado, algo que las fuentes parlamentarias consultadas ven improbable, el gravamen a la banca quedará como una figura sufragada básicamente por entidades nacionales, si bien la decisión de excluir el criterio de la supervisión del BCE podría sacar del radio de acción del impuesto a alguna entidad española de tamaño mediano.