El Gobierno ignora la crisis y cuadra sus cuentas de 2023 sin contabilizar 14.000 millones en ayudas que vencen en diciembre

Con el crudo invierno llamando a las puertas, la amenaza de Putin de cerrar el grifo del suministro de gas a Europa plenamente vigente y la principal economía de Europa (Alemania) asumiendo un futuro inmediato de recesión económica, el Gobierno ha decidido diseñar su proyecto de Presupuestos para 2023 haciendo como si todos esos riesgos no se fueran a materializar. El borrador de las cuentas de 2023 se sustenta sobre un techo de gasto público histórico, presenta un nuevo récord de gasto social y como se ha encargado de subrayar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo contempla reducciones de gasto en dos partidas, una de ellas la de prestaciones por desempleo porque el Gobierno está convencido de que el paro va a caer durante 2022 hasta el 12,2% apoyado en la fortaleza del empleo, una de las premisas del cuadro macro diseñado por Calviño.

Tal y como lo ve el Gobierno el proyecto presupuestario tiene amplitud más que suficiente para absorber la subida histórica del 8,5% que experimentará el gasto en pensiones por la desviación del IPC, y que elevará la factura del sistema público de protección social por encima de los 190.000 millones de euros; el sobrecoste del 6,6% derivado de la actualización de los sueldos de los empleados públicos; y el crecimiento histórico de la inversión pública que pasará de 8.900 millones de euros a 11.867 millones, la mayor cifra de inversión estatal registrada jamás. También tendrá base para sufragar todo el paquete de medidas sociales de gasto acordado en la madrugada del lunes al martes con Podemos y que implicarán la creación de tres nuevas prestaciones sociales, un cheque de 1.200 euros al año para las familias con hijos menores de tres años y mejoras sustanciales tanto del Ingreso Mínimo Vital, que subirá como las pensiones, como de las prestaciones por desempleo para personas que lleven más de seis meses en paro.

Y todo ello será compatible, al menos en el relato trasladado este martes por María Jesús Montero, con el cumplimiento de las restricciones al gasto público impuestas a España por Bruselas para garantizar una gestión presupuestaria prudente y con el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit hasta el 3,9% al que se ha comprometido el Ejecutivo pese a la suspensión de las reglas fiscales. En concreto, la Comisión Europea recomendó (o impuso, según se mire) al Gobierno que el gasto primario - el gasto público una vez detraído el gasto financiero para atender el servicio de la deuda - no creciera por encima del PIB potencial a medio plazo de la economía, una fórmula que ofrece un cierto margen a la laxitud, pero que Hacienda dice haber cumplido porque ese gasto primario crecerá un 1,5% y el Gobierno entiende que el crecimiento potencial a medio plazo de la economía española será del 3,2% - otras fuentes lo sitúan en el entorno del 2%-, en parte porque el Gobierno está convencido de que los fondos europeos aportarán 2,6 puntos al crecimiento potencial de la economía de aquí a 2031.

El asunto es que hay determinadas cuentas de gasto que no están en los presupuestos y que es muy probable que acaben estando. Básicamente, los cerca de 14.000 millones de euros en subvenciones e incentivos fiscales que el Gobierno ha ido aprobando este año en los tres paquetes de medidas que ha sacado adelante para paliar las consecuencias de la crisis y que no se han incluido en los presupuestos. Ahí están la rebaja del 80% de los cargos fiscales sobre el recibo de la luz, la recién activada reducción al 5% del IVA del gas o la bonificación de 20 céntimos sobre el litro de combustible.

Hacienda ya advirtió de que no incluiría estas medidas en el proyecto presupuestario. En primer lugar porque los presupuestos se elaboran sobre la premisa de la normativa que estará en vigor el 1 de enero de 2023 y estas medidas vencen el 31 de diciembre de 2022. En segundo lugar, porque el Gobierno está analizando su eventual prórroga y podría ocurrir que se prorrogaran de manera solo parcial, por lo que su coste podría ser menor.

De esas medidas, solo se han incluido en el proyecto de Presupuestos de 2023, porque la parte de Unidas Podemos así lo ha exigido, la prórroga durante todo 2023 de las bonificaciones al transporte ferroviario, cuyo coste será de unos 700 millones de euros y que el Gobierno valorará si convertir en permanentes si se demuestra que han estimulado el uso del transporte público, y la consolidación del bono joven de alquiler, cuyo coste es de 200 millones de euros.

Para hacer frente a todas las medidas de gasto público que María Jesús Montero desgranó ayer, entre las que se cuentan también incrementos en la dotación para becas, salud mental, dependencia o vivienda, Hacienda cuenta con el colchón de los ingresos por impuestos. La previsión de ingresos para 2023 prevé unos 30.000 millones más de los que se presupuestaron para 2022, una previsión modesta si se tiene en cuenta que hasta agosto la recaudación ya había aportado 27.000 millones más de lo presupuestado.

La catarata de ingresos fiscales obtenida en los dos últimos años a cuenta de la inflación ha puesto en el bolsillo del Gobierno 70.000 millones de euros más de los que tuvo el Gobierno Rajoy y le ha convencido no solo de que puede sostener sus políticas de gasto público sin temer por una desviación excesiva del déficit sino de que esos ingresos son estructurales y al contrario de lo que ocurrió en la burbuja de que están aquí para quedarse.

Pese a ello, la previsión de déficit público para el año que viene será del 3,9%, por encima todavía de la frontera que Bruselas considera como el umbral a partir del cual debe intervenir para poner en orden las cuentas de un país. El Gobierno ha aprovechado el debate abierto en Europa para modificar las reglas fiscales para desentenderse de ese objetivo, pero el riesgo de que no haya acuerdo y se reinstaure el esquema actual está ahí y situaría al país en posición de caer bajo el brazo correctivo de Bruselas. De momento, al margen de las políticas la subida del sueldo de los funcionarios y el alza de tipos harán que el coste de funcionamiento de la Administración del Estado se encarezca en 3.000 millones de euros respecto a 2022.