El Gobierno fractura la negociación colectiva al blindar los convenios vascos sobre los estatales

Susana Alcelay

Madrid

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21/05/2024
Actualizado 22/05/2024 a las 10:47h.

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El PNV ha logrado su objetivo histórico. Los convenios autonómicos serán soberanos y prevalecerán sobre los acuerdos de alcance nacional, lo que implicará la fractura de la negociación colectiva y con ello gran malestar de empresarios y sindicatos, que con esta cesión al nacionalismo perderán poder en las negociaciones. El blindaje de los convenios vascos fue un compromiso de legislatura, una cesión a cambio de apoyar a Pedro Sánchez, que se coló de tapadillo en la reforma del desempleo; cuando decayó esta norma tras el voto en contra de Unidas Podemos en el Congreso también se evaporó la cesión a los vascos. Desde entonces el PNV ha presionado para que los cambios legales salieran adelante, con la amenaza de que estaba «vigilante». Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva versión de la modificación en los subsidios y con ella también el compromiso con el partido de Andoni Ortuzar, que este martes celebraba que ha conseguido su propósito, que llevaría la firma de los sindicatos vascos y de la patronal Confebask.

«Esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras vascas , y también de las personas trabajadoras del resto del Estado», asegura el portavoz del Grupo vasco, Aitor Esteban, tras la concesión del Gobierno, que implicará la modificación del Estatuto de los Trabajadores y entrará en vigor de forma inmediata al estar incluido en el decreto de reforma del desempleo. El pacto limita los cambios que puedan introducir sindicatos y patronales a nivel autonómico. En primer lugar, cualquier modificación respecto del convenio sectorial tiene que mejorar las condiciones de los trabajadores. Y, en segundo lugar, no podrán abordar ninguna de las siguientes materias: periodo de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, jornada máxima anual de trabajo, régimen disciplinario, normas mínimas en prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica.

La peculiaridad del nuevo acuerdo es que fue negado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al grupo vasco en 2021, cuando se negoció la reforma laboral, lo que provocó el voto en contra del PNV a los cambios laborales. No lo lograron en esa ocasión, pero la reivindicación siempre ha estado ahí, cuando se tramitaban otras leyes o iniciativas, aunque sin éxito, hasta que Pedro Sánchez necesitó apoyo para su investidura y el nacionalismo vasco ha pasado la factura. Sus cinco escaños fueron determinantes para que se instalara otros cuatro años en La Moncloa.

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Los cambios en la negociación colectiva se llevan adelante, por tanto, a espaldas de empresarios y sindicatos, y en un momento muy delicado en las relaciones, especialmente con las empresas, tras la campaña de desprestigio y de la espiral de costes y subida de impuestos tomadas sin previo aviso en la mayoría de los casos. El portazo de Pedro Sánchez al diálogo social ha acentuado el clima de desconfianza y erosionado las posibilidades de llegar a acuerdos con el Gobierno. Y la batalla está servida a cuento de la agenda reformista que prepara Yolanda Díaz y que incluye materias como el encarecimiento del despido, reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción de sueldo y nuevas reglas para medir la representatividad empresarial están en la parrilla de salida.

Los sindicatos que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo han destacado sobre el acuerdo con el PNV que «no está ni hablado ni mucho menos negociado con nosotros». Aseguran que «nos parece que un tema de la importancia de la prevalencia de convenios, naturaleza esencial de nuestra actividad, debería pasar primero por el diálogo social«. Recuerda al Gobierno que el respeto a los interlocutores sociales viene recogido en la Constitución y que «una modificación del Estatuto de los Trabajadores que afecta a la estructura convencional colectiva fuera tratado, debatido y acordado con carácter previa en la mesa tripartita del diálogo social». CEOE no se ha pronunciado en esta ocasión, pero en diciembre también aludió al mandato constitucional y alerto del deterioro de la cohesión social y de la competitividad y de la ruptura de la unidad de mercado.

Como ya informó ABC, desde que en 2021 se aprobó la reforma laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha modificado el marco laboral hasta en 25 ocasiones. Y esos cambios se han acometido sin pactarse con los agentes sociales, bien tras pactos con sus socios de Gobierno o bien dando el visto bueno a normas que acometieron los distintos ministerios, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los empresarios, sobre los que recae el mayor peso de estas modificaciones. La organización empresarial planteó la posibilidad de realizar una queja formal ante Bruselas. Así lo comunicó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a su junta directiva después de analizar la más de una veintena de cambios que la patronal entiende que desvirtúan lo que el Gobierno pactó con las autoridades comunitarias.

El 'modus operandi' ha consistido en realizar una lluvia fina de 'enmiendas' en el Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí', la 'ley Trans' o la ley de Familias. Y todo ello al margen de la negociación con empresarios y sindicatos.

Junto a la prevalencia de los convenios vascos, el Consejo de Ministros también ha aprobado una modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar el supuesto de despido automático en el caso de una declaración de incapacidad en cualquiera de sus grados, permanente absoluta o total o gran invalidez. La extinción automática del contrato quedaría sólo para el caso de 'muerte de la persona trabajadora' . Como ya informó ABC, con la nueva redacción de la norma, no habrá despido si el trabajador decide continuar y siempre que «solicite que se realicen los ajustes razonables en su puesto que le permitan continuar desempeñándolo». Si esta opción no fuera factible para el empresario, por «constituir una carga excesiva», este deberá ofrecer al empleado «el cambio a otro puesto de trabajo vacante compatible con su nueva situación»