El Gobierno exprime la subida silenciosa del IRPF para asegurarse 5.300 millones extra para gastar de aquí a 2027

El Gobierno español insistió mucho en la negociación con Bruselas en que se aceptaran la no deflactación del IRPF y los rendimientos derivados de la llamada progresividad en frío como una medida discrecional más de mejora de los ingresos.

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Finalmente lo consiguió y la principal consecuencia de ese éxito diplomático ha sido que «esos ingresos se consideran a efectos de la regla fiscal europea como un margen extra para gastar más», según explicó ayer el director de la División de Presupuestos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Ignacio Fernández Huerta.

En este nuevo marco la referencia del cumplimiento fiscal de los países ya no se determina en función de si se tiene un déficit por debajo del 3% o una deuda por debajo del 60% del PIB, sino en función de si se cumple o no la ratio de evolución del gasto neto pactada entre el país de turno y la Comisión. A partir de esa premisa, cada medida discrecional para elevar los ingresos aumenta también el margen para gastar de los países.

Según estimaciones realizadas por la Autoridad Fiscal, la decisión del Gobierno de no deflactar la tarifa del IRPF para acompasar sus umbrales y mínimos exentos a la subida real del coste de la vida reporta a las arcas públicas (y cuesta a los contribuyentes) en torno a 1.800 millones de euros al año, que es exactamente el margen extra que el Gobierno se garantiza para gastar más.

Solo de aquí a 2027, año en que vencerá la presente legislatura, esa decisión de no adaptar el IRPF a la inflación, que el PP ha anunciado ya que revocará si llega al poder, le dará un margen extra de 5.300 millones al Gobierno para gastar.

Los escenarios que maneja la institución encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas descuentan que en los próximos años no solo se aprovechará todo ese margen sino que incluso se desbordará.

Airef avanzó ayer que en ausencia de medidas de contención España incumplirá todos los años la senda de contención del gasto que acordó con Bruselas y advirtió de que a partir de 2027 ese incumplimiento situará al país en situación de ser expedientado y en el peor de los casos sancionado por la falta de control sobre sus cuentas públicas.

La Autoridad Fiscal considera que el gasto en el periodo 2024-2031 no experimentará un incremento del 3,4% como comprometió el Gobierno sino del 4,4% y que será necesario acometer ajustes anuales de entre 3.000 y 6.000 millones de euros para cumplir.