El Gobierno evita rechazar las potenciales sanciones a empresas que no retornen a Cataluña pero garantiza «seguridad jurídica»

Hasta en tres ocasiones pidieron los periodistas a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un pronunciamiento claro del Ejecutivo en relación a la propuesta formulada por Junts, que plantea o bien disponer algún tipo de incentivo fiscal a las empresas que decidan volver a instalar su sede en Cataluña o bien sancionar directamente a las que opten por no regresar. Y hasta en tres ocasiones los miembros del Gobierno han esquivado las preguntas limitándose a subrayar que el Ejecutivo garantizará la seguridad jurídica de las empresas.

Desde 2017 más de 9.000 empresas han trasladado su sede fuera de Cataluña, entre las que se cuentan algunas de las principales empresas del país como Naturgy, CaixaBank o Sabadell.

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«Este Gobierno siempre se ha caracterizado por dar la máxima seguridad jurídica a las empresas. Ahí está la hemeroteca», ha asegurado la ministra portavoz, Pilar Alegría, y ha reiterado en idénticos términos el ministro de Economía, evitando pronunciarse sobre una medida que ha desencadenado un agitado debate en el que también se ha pronunciado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que ha tildado de «comunismo» la propuesta de Junts. «Se llama regulación en vena o se llama comunismo», ha asegurado este martes.

Como ha informado ABC, la pretensión de revertir esa diáspora es uno de los objetivos más o menos consensuados entre el grueso de los partidos y la clase empresarial catalana. Unos por la vía de ofrecer estabilidad y normalización, otros, como es el caso de Junts según se confirma ahora, por la vía de la sanción. Según ha trascendido, además de la retirada de los decretos y su presentación por separado, el socio clave para la investidura de Pedro Sánchez reclama una reforma de la ley de Sociedades de Capital con objeto de aprobar incentivos fiscales para las empresas que se quedaron en 2017, y, a la vez, condicionar la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las firmas que manteniendo sus centros operativos en una comunidad tienen su sede social en otra.

En su acuerdo para investir a Pedro Sánchez, PSOE y Junts incluyeron un apartado de redacción vaga en el que se comprometían a abordar los «elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluñade la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». Ahora pretenden que este compromiso se plasme en hechos, si bien ya en su momento desde el Gobierno se deslizó de la difícil viabilidad de un plan de estas características, y numerosos expertos apuntaron el nulo recorrido legal de cualquier medida que pretenda forzar el traslado de sedes, informa Alex Gubern.