El Gobierno esconde su plan de medidas para bajar el déficit y aplaza su envío a Bruselas

El Gobierno de España no tiene intención de cumplir ese plazo. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a ABC que van a aprovechar el margen de flexibilidad que ofrece el reglamento, que preveía una posible prórroga de ese plazo en caso de que «el Estado miembro considerado y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período de tiempo razonable», para retrasar la presentación del plan al menos hasta octubre.

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Bruno Pérez

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Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que esa demora es una posibilidad que la Comisión Europea ha puesto desde el principio encima de la mesa por ser la primera vez que hay obligación de presentar ese plan fiscal estructural, un documento clave porque determina la estrategia fiscal que deben seguir los países para reducir sus desequilibrios fiscales durante los siguientes cuatro o siete años, si bien desde la Comisión aclaran que esa posibilidad solo se plantea a petición de los estados que lo soliciten.

El plazo reglamentario del 20 de septiembre situaba al Gobierno de España ante la tesitura de avanzar con un elevado nivel de detalle las medidas de mejora de ingresos, entre las que eventualmente pudiera haber subidas de impuestos según las declaraciones realizadas en las últimas semanas tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de control del gasto que el Ejecutivo tiene previsto aplicar durante lo que queda de legislatura, antes incluso de presentar su proyecto de Presupuestos para 2025, que salga o no adelante el Gobierno está preparando como carta de presentación de su proyecto político.

El reglamento europeo exige a los países que su plan fiscal estructural precise, entre otros elementos, las principales hipótesis macroeconómicas y presupuestarias para su periodo de duración -algo que el Gobierno ya ha definido tanto con su escenario macro como con su propuesta de objetivos de estabilidad-, las medidas fiscales estructurales que van a asegurar el cumplimiento de esos objetivos fiscales y, lo que es más relevante y peliagudo, «la repercusión de las reformas e inversiones ya realizadas por el Estado miembro de que se trate, prestando especial atención al efecto en la sostenibilidad fiscal a través de ingresos públicos, gastos y crecimiento potencial futuros, sobre la base de material probatorio de carácter económico que sea sólido y esté basado en datos», lo que le obliga a exponer sus proyecciones oficiales sobre el impacto fiscal de las subidas impositivas ya decretadas entre otros elementos o de la controvertida reforma de las pensiones, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya señaló como un elemento clave porque podría obligar a Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales a asumir un ajuste fiscal muy superior al inicialmente previsto.

Y ello con el elemento adicional de que la Comisión está obligada a analizar la verosimilitud de esas estimaciones y dar o no su aval.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) instó al Gobierno el pasado mes de julio en su opinión sobre el nuevo marco de reglas fiscales europeas a negociar con gobiernos autonómicos y corporaciones locales la trayectoria a incluir en el plan fiscal estructural sobre el argumento de que no tendría mucho sentido definir una senda sin contar con las administraciones que gestionan dos de cada tres euros del gasto público. Fuentes de gobiernos autonómicos consultadas por ABC aseguran que hasta la fecha no ha habido ningún contacto en este sentido y que no ha habido ningún encuentro para tratar el contenido del plan fiscal estructural. El reglamento de la Comisión instaba a los países a debatir el plan con sociedad civil, agentes sociales y el parlamento nacional, algo que también recomendó la Airef, sin que se haya dado esa ronda de contactos.

El Gobierno ha reconocido el incumplimiento de esa recomendación de la Autoridad Fiscal, que ha justificado por la ausencia de información clave para elaborar el plan. Tampoco ha atendido a la petición del organismo de hacer pública la trayectoria de referencia de reducción del déficit que le remitió la Comisión Europea ya el pasado 21 de junio, que es el punto de partida para las medidas que se deben incluir en el plan y que el Gobierno no ha revelado al contrario de lo que ha ocurrido en otros países.