El Gobierno elimina la exención total en las cotizaciones para las sustituciones por maternidad

Las modificaciones respecto a la actual legislación entrarán en vigor el próximo mes de abril y son sustanciales, teniendo en cuenta que la bonificación en las cotizaciones sociales del nuevo trabajador serán de 366 euros mensuales frente a la exención total que existe en la actualidad. A este recorte de las ayudas se une también la imposición a las empresas de que solo podrán contratar para suplir al empleado de baja a menores de 30 años.

Una restricción notable, dado que en estos momentos el trabajador que sustituye a otro de baja por nacimiento puede tener cualquier edad. Los argumentos que dan desde el Gobierno es que la medida va encaminada a favorecer la contratación de jóvenes y recortar así la tasa de desempleo juvenil en España, farolillo rojo de la Unión Europea con un paro del 30,2%, el doble que la media.

Pero desde el mundo empresarial las interpretaciones son distintas. Las fuentes consultadas interpretan la restricción como un freno a la libertad de contratación. «Desde una visión que se debe tildar de machista, se presume que el trabajo femenino tiene tan poco valor que puede ser sustituido por cualquiera con menos de 30 años», aseguran las fuentes consultadas por ABC.

El real decreto que da respuesta a uno de los puntos incluidos en el componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas para la recibir fondos europeos supone, en general, un endurecimiento de las condiciones que se exigen a las empresa para percibir los incentivos. Así, todas las modalidades de exenciones estarán sujetas a la firma de contratos indefinidos y las empresas estarán obligadas por ley a mantener durante tres años como mínimo al trabajador con un contrato bonificado en plantilla. El único contrato que estará incentivado y es temporal es el de sustitución por maternidad y paternidad.

Las nuevas exigencias no han gustado a la patronal, cuyos puentes con el Gobierno están más erosionados que nunca. El enfrentamiento es abierto con el ministro de Seguridad Social tras el fuerte incremento que ha planteado en las cotizaciones para asegurar el pago de las pensiones. Con la vicepresidenta segunda, las relaciones no son mejores.

El pacto entre PSOE y Podemos con EH Bildu para que la Administración vuelva a controlar los despidos colectivos ha supuesto una bomba en las relaciones entre Yolanda Díaz y la organización que dirige Antonio Garamendi. El acuerdo que se plasmó en una enmienda transaccional a la Ley de Empleo que tramita el Parlamento permitirá a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE. El pacto no implica recuperar la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma laboral de 2012, pero es un paso firme en la normativa laboral para recuperar el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisará las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.

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Susana Alcelay

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La patronal fue muy dura con este acuerdo y avisó de que supone «una ruptura de la buena fe negociadora, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable». Añadió también la CEOE que «a la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe».

El otro frente abierto con la titular de Trabajo es el salario mínimo. Díaz y Calviño negocian el alcance de la subida que se acometerá este año, que los expertos nombrados por la abogada laboralista han situado en una franja máxima de 1.082 euros, como paso para que el SMI alcance el 60% del salario medio neto este año. Este es el objetivo que se marcó el Gobierno de coalición para un indicador que suma alzas del 40% desde que gobierna Pedro Sánchez.

El pasado diciembre la patronal daba plantón a Díaz en las negociaciones para fijar el nuevo incremento del indicador, lo que ocurría después de que se hiciera público el pacto del Gobierno con EH Bildu. Ahora la ministra intentará, de nuevo, acercarse a las empresas para tomar una decisión de subida que satisfaga a todas las partes. Los sindicatos no se mueven de los 1.100 euros mensuales y las empresas han presentado una propuesta para subir el SMI un 4% hasta los 1.040 euros brutos al mes en catorce pagas.

La organización empresarial argumenta para rechazar las pretensiones de Yolanda Díaz y de los sindicatos que el contexto económico es de alta incertidumbre y que es previsiblemente que no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta este mismo año, en el que se esperan presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad.