El Gobierno ejecutó solo un 16,5% de los fondos europeos hasta junio

El último informe de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE), con datos hasta junio de 2023, muestra que en el presente año se han ejecutado 5.917,1 millones de euros. Esta cantidad supone apenas un 16,55% del total de lo presupuestado para el conjunto del ejercicio, que asciende a 35.745,8 millones. Esa cantidad de ejecución es la referente al concepto de obligaciones reconocidas netas, que es el momento en el que un tercero cuenta ya con el derecho a recibir el dinero de una subvención o licitación.

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En cambio, ese momento del proceso presupuestario no significa que el destinatario haya recibido ya el dinero. El informe de la IGAE incluye otro concepto de pagos realizados que en este caso es, hasta junio, de 3.738,7 millones. Esto es el 10,46% del total presupuestado para todo el año; es decir, que solo uno de cada diez euros están ya en el bolsillo del destinatario.

Asimismo, en la comparativa interanual tampoco sale nada bien parada la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. A cierre de junio de 2022 se habían reconocido obligaciones netas por 4.754,6 millones; esto equivalía a un 16,82% del presupuesto total, lo que supone un porcentaje ligeramente por encima del de 2023. En términos de pagos realizados, el año pasado se habían abonado ya para esa fecha 2.620,3 millones, un 9,27% del total del presupuesto.

Más allá de ello, el documento también señala un epígrafe para las transferencias de capital. Esto, en otras palabras, es el dinero que se transfiere a las comunidades autónomas y ayuntamientos para llevar a cabo sus proyectos. La cantidad presupuestada en transferencias de capital asciende a casi 25.000 millones de euros, aunque las obligaciones reconocidas netas no llegan ni al 20%, y los pagos realizados son incluso menores. Así, buena parte de los fondos europeos van a parar al ámbito regional y local, pero es aquí donde surge uno de los grandes problemas por la falta de datos.

Las cifras de ejecución que da el Gobierno en el informe de la IGAE, que vienen desglosadas por ministerios, se refieren solamente a lo gestionado por la Administración General del Estado. Y la información llega hasta ahí.

Las cifras de gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos son una incógnita en cuanto a la transparencia que se da de las cifras de los fondos europeos. El Ejecutivo no aporta datos detallados de ejecución regional y local porque, en buena medida, dice que no dispone de las cifras.

Para aglutinar todas las estadísticas se han desarrollado programas, como Coffee, donde las distintas administraciones han de ir volcando sus datos de ejecución de los proyectos y que así el Ejecutivo pueda rendir cuentas con la Comisión Europea.

Pero las comunidades autónomas vienen denunciando desde hace dos años los problemas que tienen para acceder a la plataforma, para volcar los datos y para interconectar la misma con las plataformas autonómicas. En este sentido, el Gobierno no ha dado en ningún momento los datos de ejecución totales de los fondos europeos.

Por otra parte, también se ha triplicado la cifra de gastos de personal del Estado financiados a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, algo que permite la normativa de los fondos Next Generation. Se ha pasado de un presupuesto en esta partida de 10,8 millones en 2022 a más de 33 millones en 2023.