El Gobierno duplica en cuatro años las aportaciones de impuestos para pagar las pensiones

El resultado de esta toma de decisiones no pudo ser otro que el mayor endeudamiento del sistema, y la perpetuación de un nuevo modelo, mixto, de financiación con impuestos en forma de créditos y transferencias del Estado además de las cotizaciones sociales para poder hacer frente a los pagos de prestaciones contributivas y no contributivas, cuyo coste asciende en 2023 hasta los 196.000 millones de euros -incluyendo también las pensiones de las clases pasivas-.

El efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social se observa en la evolución de los ingresos extra, los que proceden directamente de los Presupuestos Generales -es decir, impuestos- que el Gobierno ha proporcionado para poder hacer frente a toda la política social desplegada y también al incremento exponencial de la factura de las pensiones de los 9,1 millones de beneficiarios impulsada por la revalorización en base al IPC que tocó máximos con el 8,5% de incremento fijado a comienzos de 2023.

Sobre esta doble circunstancia de aumento del endeudamiento del sistema y de la necesidad cada vez mayor de recursos ajenos a las aportaciones realizadas por empresas y trabajadores realiza un profundo recorrido el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, en su último estudio sobre 'Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada, 2019-2023' donde se aprecia cómo el Gobierno ha duplicado en sólo cuatro años el volumen de dinero procedente de los impuestos para sufragar el gasto comprometido que no es posible cubrir con esos ingresos por cotizaciones. Esta cifra asciende en 2023 hasta los 46.956 millones de euros, casi el doble que en 2019, antes de la pandemia, cuando la necesidad de recursos era de 24.000 millones -un 95% más, concretamente-. Esta vía de agua del sistema, más allá, aflora en la deuda acumulada, que alcanza ya los 99.544 millones de euros, un 88% más que hace cuatro años.

De este dinero transferido en el último año a la Seguridad Social, casi la mitad lo arroga el gabinete dirigido por José Luis Escrivá a la cobertura de los denominados «gastos impropios», entendidos como aquellos con los que el sistema carga a pesar de tener una naturaleza asistencial, o estar asociados a reducciones de cuota y políticas activas de empleo. Sin embargo, los expertos dudan de que esta operativa justificada por la recomendación del Pacto de Toledo que alude a llevar a cabo una separación de fuentes de financiación del sistema se haya traducido en la clarificación pretendida de los ingresos y gastos imputados.

«El bloque más importante de transferencias del Estado se dedica a complementar la financiación de las prestaciones contributivas, cuyo coste se aleja cada vez más de los ingresos por cotizaciones sociales que en principio deberían financiarlas», advierte De la Fuente, y añade que es muy dudoso que, «con la excepción de las reducciones de cuotas», se trate realmente de gastos que no corresponden a la Seguridad Social. «No estamos, por tanto, ante la culminación del proceso de separación de fuentes, como a menudo se repite, sino ante un fuerte aumento de las transferencias del Estado para mantener la generosidad del sistema contributivo por encima de lo que permitirían las cotizaciones, que son su fuente natural de ingresos», señala.

Es por esta distorsión que genera la elevada inyección de dinero procedente de los impuestos por la que el mundo académico trata el saldo entre ingresos y gastos desde dos perspectivas: el déficit general y el contributivo, es decir, el que alude sólo al balance entre los ingresos y gastos puramente contributivos.

En un primer nivel, el saldo habitual -diferencia entre los ingresos y los gastos no financieros del sistema- será negativo y se situará en 2023 en los 6.414 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB español. Este desfase es menor al registrado hace cuatro años cuando alcanzaba los 16.677 millones (-1,3% del PIB). Concretamente, se ha reducido en dos tercios durante este periodo. Sin embargo, este balance, al que alude el Gobierno en sus informes oficiales, cuenta con todo el dinero extra inyectado por parte del Estado.

Solamente retirando de la diferencia el volumen de ingresos procedente de la recaudación tributaria general, las transferencias corrientes del Estado, el escenario es diametralmente opuesto con un saldo negativo. Aquí, el déficit se situaba en 2019 en los 39.000 millones de euros, el 3,1% del PIB, más del doble que el reconocido por le Ejecutivo, y se ha incrementado hasta los 51.700 millones (4,1% del PIB), lo que supone un 32% más que hace cuatro años y ocho veces más que el reconocido por el Gobierno.

Y, como se ha mencionado, un tercer nivel que trae a colación el análisis es el del nivel del saldo presupuestario únicamente contributivo, tanto en ingresos como en gastos. Este déficit contributivo se situaba en 39.151 millones de euros en 2019 (3,1 puntos porcentuales de PIB) y tras cuatro años alcanza los 48.348 millones, lo que supone un 23% más.