Un decreto exprés del Gobierno permitiría recuperar de inmediato la subida de las pensiones

Con el impulso de ese nuevo decreto exprés las pensiones podrían seguir revalorizadas en el mes de febrero y las ayudas al transporte se reactivarían de forma automática, a la espera de que el trámite parlamentario permita, dentro de un mes, avalar estas medidas para que no tengan impacto en la economía doméstica si se logran los apoyos necesarios.

El Consejo de Ministros tiene la capacidad para abordar en su próxima reunión del martes las medidas económicas y sociales incluidas en el 'decreto ómnibus' que ayer se votó en el Congreso y que fue rechazado. Con esta fórmula legal, según apuntan varios expertos legales a ABC, el Ejecutivo podría aplicar de nuevo la medida para garantizarse un plazo temporal adicional, corto en cualquier caso, para sacar adelante la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, entre otras acciones.

La vía del real decreto ley (también se encuentra el decreto ley y otras fórmulas que marca la legislación en función de la materia que se trate) supone que el contenido del mismo se pone en marcha desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así ha ocurrido en múltiples ocasiones durante los últimos años tanto con medidas económicas urgentes como otras del ámbito social y laboral desde la crisis de la pandemia hasta la vinculada a la inflación y los precios de hace dos años.

Eso sí, el texto que salga de La Moncloa de un Consejo de Ministros -que incluso puede ser extraordinario si así lo determina el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- tendría que pasar por el mismo recorrido que el ómnibus. Es decir, el Ejecutivo tendría un plazo máximo de 30 días desde su aprobación para que lo valide la Cámara Baja y no decaiga en su aplicación, como ha ocurrido con el de este miércoles.

Por ahora, las pensiones llegarán actualizadas al 2,8%, como estaba previsto, durante los próximos días. Los bancos ya tienen en su poder los ficheros que periódicamente les envía la Seguridad Social con los datos de los perceptores y abonarán las prestaciones con esa revalorización. Sin embargo, lo más probable es que la pensión se vea reducida de nuevo a finales de febrero, volviendo a su importe de 2024, si no hay un decreto que permita aplicar la nueva pensión.

La subida anual de las pensiones viene recogida en la última reforma del Pacto de Toledo, por la que la revalorización se establece con la media del IPC de noviembre de un año hasta diciembre del siguiente. En el último ejercicio, esa inflación media fue del 2,8%, lo que suponía un coste adicional de 7.296 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social, a razón de 2.606 millones de euros por cada punto que subiera la inflación.

Los 12,3 millones de pensionistas que cobran algún tipo de prestación (jubilación, en su mayoría, pero también viudedad, orfandad o incapacidad total, entre otras modalidades) iban a ver vista revalorizada su pensión con esa media del 2,8%. De hecho, a estas alturas del mes, la Seguridad Social solía enviar la carta informativa a todo el colectivo para indicarles en cuánto se les quedaba definitivamente la pensión. Ese momento tendrá que esperar.