El Gobierno dedica más de 5.800 millones a intervenir en el sector privado desde 2018

Indra fue la primera gran empresa objeto de mayor intervención. Hasta la llegada de Sánchez, el Estado tenía en la compañía tecnológica y de defensa el 18,75% del capital social. Una empresa estratégica que el Ejecutivo consideró prioritaria y en la que decidió ampliar su participación hasta el 28%. Para esa subida de participación desembolsó 173,5 millones aproximadamente por 16,4 millones de acciones. Aquella operación terminó con la colocación de Marc Murtra como presidente, afín al Gobierno socialista, y con el asalto al consejo de administración, lo cual llegó a investigarse por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, la gran operación de intervención pública llegó en Telefónica. Tras el desembarco de los saudíes de STC en el accionariado en septiembre de 2023, el Ejecutivo decidió que el Estado debía regresar a Telefónica más de dos décadas después. En mayo completó sus planes y compró un 10% de la teleco española por 2.284 millones aproximadamente; se sustanció a través de varias adquisiciones sobre 567 millones de acciones.

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Esto le sirvió al Ejecutivo para quitarse de en medio al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, para colocar al afín Murtra en su lugar, procedente de Indra. Asimismo, la SEPI está sentada en el consejo de administración a través de Carlos Ocaña.

Más allá de ello, el Gobierno también ha creado la coloquialmente llamada SEPI Digital para invertir en tecnológicas. A través de este vehículo, la SETT, ha entrado en la empresa española Wooptix, con una coinversión pública inicial de 4 millones de euros.

No son las únicas compañías donde la SEPI ha intervenido en los últimos años. En 2020, tras los peores meses de la pandemia, el Gobierno decidió crear el Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee), un mecanismo de 10.000 millones de euros cuya gestión asignó al holding público. No se gastó ese dinero, ni mucho menos, pero se lograron repartir 3.256 millones durante los dos años que estuvo activo (entre julio de 2020 y julio de 2022) a 30 empresas, que luego fueron menos por las renuncias de la hotelera Blue Sea y de Celsa, el que iba a ser el mayor de los rescates por un valor de 550 millones de euros. Por lo que acabaron dando 2.620 millones, de los que se han recuperado ya unos 600. En algunas de las ayudadas, el ente de Hacienda tiene uno o varios asientos en el consejo como ocurre en Air Europa, donde tiene dos.

Del total de apoyadas por la SEPI, tres ya han devuelto la totalidad del dinero (Ávoris, Wamos, Global Exchange), otras tantas cumplen con su calendario de amortizaciones, pero también las hay que están teniendo serias dificultades para cumplir con el reintegro de la deuda y han renegociado con la SEPI un nuevo calendario de devoluciones. Son los casos de Volotea, Air Nostrum o la quebrada Duro Felguera. Si estas no acaban devolviendo el dinero, la SEPI puede transformar los préstamos participativos en capital y pasar a ser accionista 'de facto' en ellas.

La capitalización de la deuda es algo que también pueden pedir las empresas a la SEPI por anticipado como ya ocurre con Duro Felguera, cuyo accionista mayoritario, el mexicano Prodi, ha solicitado al holding público la conversión del préstamo participativo de 100 millones en acciones para encontrar una solución conjunta que salve a la asturiana de la liquidación, al encontrarse actualmente en preconcurso de acreedores.

Además de por la SEPI, el Estado también podría tener que convertir deuda en títulos en algunas de las 85 pymes apoyadas por Cofides (Ministerio de Industria) con 735 millones de euros durante la época del Covid.