El Gobierno propone que los conductores paguen peajes en función de su renta

La secretaria de Estado del ramo, Isabel Pardo de Vera, confirma que ajustará los abonos gratuitos de tren para que sean «más amplios»

efe

El Gobierno es consciente de que no tiene los apoyos necesarios para implantar los peajes en las autovías. Pero esto no quiere decir que se haya olvidado de la medida. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha propuesto este ... jueves la opción de implantar un sistema progresivo de pago por uso en el que se tenga en cuenta la renta de cada conductor.

Así lo explicó Pardo de Vera en la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde compareció para informar sobre el impacto de los Presupuestos en su departamento. La número dos de Transportes recordó que el actual modelo de financiación de carreteras es «insostenible» y que los datos apuntan a un déficit de conservación en las vías de alta capacidad de 9.000 millones de euros.

Pero también reconoció que, a día de hoy, es imposible implantar las tasas en las carreteras por la oposición política. «Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado, pero todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada. Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva», aseguró.

Su propio departamento ha tenido que dar marcha atrás en la idea de implantar peajes en las carreteras. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo remitió a Bruselas para acceder a los fondos europeos recogía el compromiso del Ejecutivo de implantar peajes en todas las autovías en 2024. Pero el proyecto quedó enterrado en un cajón después de que tanto los partidos de la oposición -y Unidas Podemos- como los transportistas rechazaran frontalmente cualquier tipo de actuación al respecto. El propio Gobierno dejó a un lado el proyecto por su alto coste político.

Los peajes, de hecho, ni siquiera se mencionan en los Presupuestos de 2023. Un ejercicio que tendrá además un carácter marcadamente electoral. Lo que sí viene recogida en las cuentas es una partida de 660 millones de euros para renovar los abonos gratuitos de Cercanías, Media Distancia y Rodalies. Pardo de Vera ha destacado que la intención del Ministerio de Transportes es «ir ajustando» los incentivos para que sean «lo más amplios, transversales y multimodales posible». Tal y como adelantó este periódico, Renfe trabaja ya en distintas alternativas para restringir aún más el uso de los abonos y evitar así los viajeros fantasmas, los que hacen reservas que luego no utilizan.

Respecto a las nuevas medidas, Pardo de Vera ha asegurado que hubiera preferido que estos incentivos fueran «progresivos«, porque hay usuarios que se pueden permitir un bono y otros no. Aún así, ha reconocido que para llevar a cabo esta discriminación necesitarían »herramientas muy potentes«.

La número dos del ministerio también ha asegurado que los Presupuestos de 2023 son «históricos» en materia de infraestructuras y que actualmente «toda España está en obras» por los nuevos proyectos recogidos por su departamento. Pardo de Vera recordó que el Gobierno ha destinado a Transportes 21.273 millones, de los cuales 16.550 millones corresponde a inversiones en vivienda o infraestructuras.

También ha respondido a las protestas de los parlamentarios catalanes respecto a la baja ejecución de las inversiones en la región. «Nunca se ha ejecutado tanto en la historia en Cataluña», ha respondido Pardo de Vera, quien afirma que la transferencia de las Cercanías catalanas (Rodalies) está «definida y redactada» pero no se ha llevado a cabo aún por «una coyuntura política complicada». El secesionismo se ha desmarcado de ese acuerdo exigiendo el traspaso completo de material rodante y personal.

La negociación con la ley de vivienda

Asimismo, en el turno de réplica la secretaria de Estado ha lanzado un aviso a Unidas Podemos respecto a la ley de vivienda. Ha asegurado que las negociaciones en ocasiones se contaminan por «criterios poco racionales» y ha advertido de que «no se va a tramitar absolutamente nada sin seguridad jurídica porque sería un paso atrás en materia de vivienda».

Pardo de Vera ha recordado que la ley catalana del ramo, un modelo de referencia para Unidas Podemos, ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional por invadir competencias. De igual forma, ha recordado que el Gobierno tiene un presupuesto de 3.462 millones de euros en esta materia y ha puesto «freno a la transmisión y especulación de la vivienda de protección».

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