El Gobierno baraja ya un potencial agujero de más de 2.000 millones para el Estado por los laudos de las renovables

El Gobierno se ampara en la Comisión Europea, que considera que su pago supondría una ayuda de estado ilegal según la normativa comunitaria -pese a constituir una obligación a la luz de la regulación mercantil internacional- y por esa resistencia se enfrenta a una cada vez más agresiva ofensiva jurídica de los afectados para tratar de hacer efectivos esos laudos. Últimamente se ha concretado en la amenaza de embargo de activos emblemáticos españoles en el exterior como sedes del Instituto Cervantes, las compensaciones por del hundimiento del Prestige o los pagos que Eurocontrol realiza al Enaire por su participación en el control del tráfico aéreo europeo.

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Bruno Pérez

Hasta la fecha, y según los cálculos del medio centenar de inversores afectados, las cortes de arbitraje han condenado a España al pago de 1.492 millones de euros en indemnizaciones por este proceso. España solo ha pagado uno, el que fue dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation por un valor de 23 millones de euros más los intereses de demora. Una cuenta que suma 32 millones, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El coste para las arcas públicas, sin embargo, se anuncia bastante mayor. Según el último cálculo realizado por los servicios del Estado, y que se incluye en la Cuenta General de 2024 que se acaba de publicar, Hacienda estima ya en más de 2.000 millones de euros la factura que todo esto puede tener para las arcas del Estado. Una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que la posición oficial del Gobierno continúa siendo la de no pagar y que hace apenas cuatro años este asunto ni siquiera aparecía en la cuenta de pasivos contingentes del Estado, donde desde la crisis financiera la Comisión Europea obliga a los gobierno de la UE a reflejar los costes a los que podrían tener que hacer frente en el futuro.

La decisión de España de proceder al pago de la compensación dictada por la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, en el caso de JGC Hóldings supuso un punto de inflexión, en la medida que puso fin «a años de bloqueo» y abrió la puerta «a una dinámica más constructiva entre España y los acreedores», según fuentes de los afectados. A día de hoy es una excepción y el único precedente de laudo pagado.

El Estado admite un coste de 1.483 millones de euros (a día de hoy ya sería de 1.492 millones, según las estimaciones actualizadas de los afectados) por las compensaciones dictadas por los laudos arbitrales desfavorables, de 213 millones por los intereses de demora generados por la estrategia de no ejecutar esos pagos (en 2023 eran 170 millones) y también estima que los arbitrajes pendientes, en los que hay en juego 1.365 millones, podrían acarrear un coste extra de otros 341 millones «si se atiende a la evolución de los laudos dictados hasta el momento», dice la Intervención General del Estado en el informe.

Una factura superior a los 2.000 millones, en la que no se tiene en cuenta ni los costes de representación jurídica, en los que el Gobierno ya habría gastado unos 100 millones según los afectados, ni el posible daño reputacional sobre la economía española.

«Desde el primer momento hemos sostenido que esos laudos se acabarían pagando, porque España está obligada por la legislación internacional. Se puede hacer por las buenas, con acuerdo, o por las malas, a golpe de embargos. El Gobierno parece haber decidido que sea por las malas, pese al coste que eso supone para los españoles«, dice un portavoz de los inversores afectados, que asegura también que estos han ofrecido todo tipo de posibilidades a las autoridades españolas para tratar de resolver el asunto sin necesidad de exigir el pago de esos laudos en los tribunales de justicia.

El Gobierno sigue amparándose en Bruselas para no pagar. En el marco de la discusión en torno a un laudo arbitral de 2018, en favor del fondo de inversión Antin, Bruselas advirtió de que su pago se consideraría como una ayuda de Estado ilegal, contraria a la normativa comunitaria. En consecuencia, instó a España a no desembolsar los 101 millones reconocidos en el laudo y a garantizar que no haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo, ya sea a Antin o a cualquier entidad que adquiera los derechos de ese fallo.

La decisión, favorable a los intereses de España, llega pocos meses después del desembarco de Teresa Ribera en la Comisión y supone un espaldarazo a la estrategia del Gobierno, que espera que siente un precedente y avale su posición de no pagar a los inversores afectados, según explicaban fuentes del Ministerio.

Pero el europeo no es el único tablero en que se juega esta partida. Los inversores han buscado amparo en los tribunales de EE.UU. y estos en una resolución dictada hace apenas unos días han reconocido su derecho a instar el pago de esos laudos en otros jurisdicciones no europeas, donde algunos de ellos ya han instado con éxito el embargo de bienes del Estado.