El Gobierno asigna 260 millones para reanimar la 'Operación Campamento' tras 35 años en el limbo

El último intento lo ha puesto sobre la mesa en primera persona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, primero en el Debate sobre el Estado de la Nación y, después, el pasado mes de octubre al presidir la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la cesión de los terrenos desde la institución que gestiona los activos inmobiliarios del Ejército, el Invied, a la empresa pública que tiene encomendada la gestión de la política pública de vivienda social, el Sepes, dependiente del ministerio que dirige Raquel Sánchez.

Cinco meses después de la firma de ese protocolo, la ministra de Transportes anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la asignación efectiva a Sepes de los 260 millones de euros que ya estaban previstos en los Presupuestos de 2023 para cerrar la adquisición de varios terrenos para la construcción de viviendas a precios asequibles, entre los que se encuentran los de la Operación Campamento.

Según la nota difundida ayer por el Ministerio, esta transferencia de recursos servirá para ejecutar la compra de las instalaciones de Defensa y permitirá a la empresa pública «liderar, contando con el resto de administraciones implicadas -gobierno regional y ayuntamiento de la capital-, una de las mayores operaciones de regeneración de suelo urbano para crear vivienda asequible de Europa». La ministra detalló que el objetivo es desarrollar en ese suelo un mínimo de 10.700 viviendas asequibles, lo que según dijo en su día el presidente Pedro Sánchez «marcará un antes y un después en las políticas públicas de vivienda en España».

Conviene saber, no obstante, que la asignación de esos 260 millones de euros no significa ni mucho menos que los terrenos de Campamento estén cerca de empezar a construirse.

La 'Operación Campamento' se alumbró originalmente en 1989 pero no fue hasta 2011 cuando se lograron los permisos necesarios para demoler los antiguos cuarteles y hubo que esperar un año más para cerrar el texto del convenio urbanístico.

La empresa pública Sepes puede dar fé de las dificultades burocráticas para poner en marcha proyectos de esta naturaleza. Según la información proporcionada por la propia empresa pública, los plazos de maduración de estos proyectos urbanísticos son muy prolongados. Los terrenos del Regimiento de Artillería de Sevilla fueron adquiridos en el año 2007 y a día de hoy todavía no han visto un solo ladrillo; algo similar ocurre con los terrenos del antiguo cuartel de ingenieros de Valencia que en agosto del año pasado inició sus obras de urbanización. Otros terrenos adquiridos por el Gobierno en 2007 y asignados a Sepes todavía se encuentran inmersos en el papeleo previo a gozar de los permisos para poder activar un proceso de urbanización.

El Gobierno, no obstante, confía en que la empresa pública pueda desarrollar en un plazo razonable de tiempo todos los suelos que tiene en cartera para poner en el mercado al menos 20.000 viviendas de alquiler a precios reducidos dentro del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible.

Con los 260 millones desbloqueados ayer por el Consejo de Ministros, Sepes ha recibido ya 622 millones de euros desde el año 2018 para acelerar la promoción de estos suelos, sin que hasta la fecha se haya puesto en el mercado una sola vivienda. «Lo que queremos es dotar a Sepes de la liquidez suficiente para activar estos desarrollos», dijo ayer la ministra.