El Gobierno aprueba la renuncia a 60.000 millones de créditos de Bruselas, el 70% de los préstamos previstos

El Ejecutivo enmarca este desistimiento «en la buena marcha de la economía», ha dicho este martes el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. El Gobierno trata de quitar importancia a la renuncia millonaria a solicitar estos fondos, que en teoría debían estar ejecutados para la segunda parte de 2026.

El ministro ha defendido que esto es posible gracias al comportamiento de la economía nacional, lo cual, dice, permite al Tesoro financiarse con unos intereses más ventajosos en el mercado, respecto a si hace uso de los préstamos de Bruselas. La justificación oficial de la decisión, así, está en que no es necesario pedir esos préstamos porque vía emisiones de deuda pública sale más barato endeudarse. «La buena marcha de nuestra economía favorece el ajuste del volumen de préstamos, porque la ventaja en el coste de la deuda europea frente a la nacional es prácticamente ha desaparecido en la actualidad, gracias al buen desempeño de la economía española y su traslado a mercados financieros, como ponen de manifiesto las mejoras en la calificación que otorgan a nuestra deuda las principales agencias de rating internacionales», indica Economía.

Pero la realidad es que con esta nueva modificación del plan rebaja los compromisos adquiridos con Bruselas, cuyo cumplimiento estaba seriamente en duda tanto por tiempos como por apoyos parlamentarios, y facilita el cumplimiento de otros para poder aprobarlos sin tener que pasar por las Cortes. En el Gobierno son conscientes de las dificultades que tiene para gobernar en una legislatura en la que necesita apoyos desde Junts hasta el PNV, pasando por ERC, cada uno de ellos con sus reivindicaciones.

Así las cosas, los préstamos previstos de recibir este año a cargo del plan de recuperación serán de solo 6.500 millones de euros tal y como se ha fijado en la adenda que se enviará a Bruselas. El Gobierno renuncia a este dinero y también rebaja, así, los compromisos para poder acceder a los 25.000 millones de transferencias directas que faltan por recibir. Según ha asegurado hoy el ministro, España ya ha recibido el 70% del total de transferencias asignadas, que están ligeramente por debajo de los 80.000 millones. También ha destacado que España es el segundo país en número de hitos cumplidos con más de 260.

Respecto a la revisión del plan de recuperación, el pacense la ha fundamentado en tres claves: la reducción de la carga administrativa para facilitar la verificación de hitos, además de la actualización de 160 medidas; el refuerzo de «las prioridades estratégicas del plan» con nuevas inversiones en los programas europeos de supercomputación (300 millones) y otros 2.500 millones adicionales destinados a la transición energética; y «el mantenimiento del grado de ambición del plan» para acelerar la ejecución de los hitos y poder acceder al 100% de los 80.000 millones en transferencias. «Facilita la evaluación y verificación mediante la reformulación de hitos y objetivos del plan, centrada en elementos esenciales, eliminando duplicidades para facilitar su ejecución. Se han modificado alrededor de 160 medidas. Ejemplos de ello son la eliminación de: (i) lenguaje ambiguo o confuso, (ii) cualquier especificación innecesaria para demostrar el cumplimiento de las medidas de los planes de recuperación, (iii) hitos y objetivos intermedios», recoge el ministerio en nota de prensa.

Respecto a las reformas que se modifican, Cuerpo ha puesto el ejemplo de que se modifica el hito relacionado de la ley del suelo para introducir «otros relacionados con la transformación de la empresa pública de vivienda». Así las cosas, se saca de los compromisos la creación de la nueva Autoridad del Cliente Financiero, que lleva meses atascada en el Congreso por falta de apoyos. Este nuevo supervisor estaba previsto que sirviera para resolver las controversias entre los clientes y los bancos, aseguradoras y gestoras de fondos, todo unificado en un solo organismo ya que actualmente la resolución de casos se divide en tres instituciones según sea banco, aseguradora o gestora.

Entre lo que sí se mantiene y que España deberá cumplir está la subida de impuestos al diésel, lo cual ha de pasar por el Congreso. Precisamente por incumplir esta promesa Bruselas ya recortó el pasado julio los fondos a nuestro país en casi 500 millones de euros; en total el recorte fue de 1.100 millones ya que se sumaban otros incumplimientos relativos a funcionarios y digitalización.

Sin embargo, de momento nada hace prever que nuestro país vaya a poder cumplir con la promesa sobre el diésel ya que debe ser aprobado en el Congreso de los Diputados y el Gobierno, de momento, no cuenta con los apoyos suficientes en la Cámara Baja para sacarlo adelante, igual que con tantas otras leyes. La Comisión Europea ha dado hasta enero para aprobar la subida de impuestos al diésel y el tiempo corre en contra del Ejecutivo español.

Más allá de ello, todavía habrá que esperar para conocer la modificación exacta de las 160 medidas que ha mencionado el Gobierno y la manera en que han de salir adelante, ya sea pasando por el Congreso o no.

En paralelo a la revisión del plan de recuperación, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la nueva estrategia de financiación del Tesoro para 2026, que contempla mantener en 55.000 millones de euros la emisión neta prevista.

Por su parte, las emisiones brutas crecerán desde los 274.242 millones de previsión de cierre de 2025 a 285.693 millones el próximo año que se explican por mayores amortizaciones. El ministro señaló que se seguirá apostando por los bonos verdes, que ya alcanzan los 16.000 millones de stock.

Cambiando al tercio de la vivienda, el Gobierno también ha aprobado hoy un real decreto por el que se establecen compensaciones a los propietarios ante «eventuales» impagos en los contratos de alquiler de vivienda, una medida que el Ejecutivo pactó con Junts en enero de este año para sacar adelante el decreto ómnibus.

Según ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, esta cobertura será gestionada por las comunidades autónomas y podrán acceder a ella los caseros que tengan contratos firmados con menores de 35 años o con personas vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Esta línea también cubrirá otros posibles costes como pueden ser los daños causados a la vivienda o el de los suministros debidos.