El Gobierno abre una vía para poder nombrar a consejeros en empresas de sectores estratégicos

La disposición continúa la línea abierta con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, el controvertido fondo para rescatar empresas estratégicas en dificultades que se activó tras la pandemia, que también preveía el aterrizaje de consejeros designados por la SEPI en las empresas en las que el Estado tomara una participación directa como vía para garantizar que se cumplían los requisitos de gestión y gobernanzas previstos en los rescates.

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Bruno Pérez

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La principal diferencia radica sobre el papel en que mientras en el fondo de rescate de la SEPI la participación estatal en las empresas tenía marcada una fecha de caducidad, por imperativo de la normativa europea, en el Fondo de Coinversión de Cofides esa vocación de temporalidad está mucho más matizada de forma que aunque se recomienda la fijación de un plazo estimado de desinversión en el momento de tomar una participación directa en una empresa se condiciona este a «las previsiones del plan de negocio y otras eventuales consideraciones que resulten oportunas», lo que deja a Cofides -el organismo al que la norma encomienda el nombramiento de los representanes del Estado en esas empresas- un margen de decisión mucho más amplio respecto a la permanencia en los órganos de decisión de la empresa participada que el que Bruselas permitía a la SEPI en el fondo de rescate de empresas estratégicas.

Desde Cofides se aclara que el fin de esa presencia en los consejos de administración no será tanto dirigir o influir en la gestión de la sociedad en que se ostenten participaciones como «velar por los intereses del Estado» en las mismas, según explica a ABC Miguel Tiana, director general de la sociedad mercantil estatal que se encargará de la gestión del Foco.

«La toma de participaciones directas en empresas es solo una de las fórmulas en que se pueden concretar las coinversiones del fondo, que también se ejecutarán a través de fondos de inversión ya constituidos o de nueva creación, y en todo caso siempre supondrán una participación minoritaria y sin vocación de gestionar la actividad de la empresa, lo que no impide que se puedan ejercer los derechos políticos a los que dé derecho la participación pública en el capital de la empresa«, precisa el ejecutivo, en relación a la posibilidad de nombrar consejeros en las sociedades en las que se tenga participación suficiente.

La norma que regula la operativa del Fondo de Coinversión, sí prevé sin embargo que Cofides pueda «decidir participar en la gestión operativa u ordinaria de las empresas, o ser administrador único o consejero delegado» de las mismas, siempre que así lo autorice el Gobierno, pudiendo en ese caso «fijar la posición que considere oportuna en el ejercicio de los derechos y facultades que correspondan por su participación con cargo al Fondo por cuenta de la Administración General del Estado y ejercitar consecuentemente por cuenta de la misma los derechos de voto y demás derechos políticos que le correspondan en los órganos de decisión«.

Según Miguel Tiana, esa previsión regulatoria no refleja la vocación del fondo. «No es más que una cautela normativa ante casos de especial dificultad en que el Estado se pueda quedar al frente de una empresa concreta. Esa disposición ya existe en otros fondos que ha gestionado Cofides y jamás se ha hecho uso de ella«, aclara.

Según se define en la web de Cofides, el principal objetivo del Foco es captar inversión extranjera «en actividades económicas que contribuyan a la modernización del modelo productivo español, como las vinculadas a la transición verde y digital, la movilidad sostenible, la agricultura sostenible o la innovación tecnológica, entre otras», aunque la norma abre ese abanico sectorial a ámbitos como la ciberseguridad, el despliegue del 5G o la infraestructuras renovables.

El Gobierno ha concluido que las necesidades de inversión para abordar su proceso de digitalización y descarbonización no pueden ser cubiertas de forma exclusiva desde el sector público y que necesitará de los grandes inversores institucionales extranjeros para sufragar esa factura. Se van a aprovechar los recursos baratos de la adenda del Plan de Recuperación para inyectar los 2.000 primeros millones de euros al vehículo, pero la idea es realizar inyecciones presupuestarias para darle carrete.

La idea es apoyar inversiones extranjeras en empresas españolas de pequeño y mediano tamaño de sectores estratégicos, de modo que se hagan de forma conjunta con un importe máximo de respaldo financiero de 150 millones de euros, Según detalla Miguel Tiana, las expresiones de interés recibidas hasta la fecha implicarían una inversión total de 1.400 millones de euros. Cofides ya está ejecutando las correspondientes due dilligence y confía en empezar a autorizar operaciones después del verano.