El giro de las políticas industriales de los gobiernos hacia la seguridad nacional amenaza a la economía

El último ejemplo lo ha proporcionado hace menos de una semana el Gobierno de España, que en una maniobra de la que hay pocos precedentes rechazó de manera formal el pasado martes la opa de la húngara Magyar Vagon por el 100% de Talgo con el argumento de que «conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público». Se amparó para ello en la normativa nacional de protección frente a inversiones extranjeras que activó de forma supuestamente transitoria al inicio de la pandemia para proteger a las empresas estratégicas españolas, que habían quedado muy expuestas por el desplome de su cotización bursátil que se produjo en esos meses, pero que extendió, amplió y perpetuó después al compás de las nuevas directrices al respecto llegadas desde Bruselas en medio de la guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos.

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Bruno Pérez

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No es un fenómeno que ocurra solo en España, es una tendencia global. El último observatorio de tendencias del comercio internacional que cada año publica Cesce, la empresa propiedad del Estado especializada en seguros de créditos a la exportación y gestión de riesgos, bajo la denominación de Panorama Internacional le dedica un capítulo completo con el título 'Nueva política industrial, una necesidad estratégica'.

El documento, elaborado por la Unidad de Riesgo País de Cesce, revela a partir de datos del FMI que el principio de la seguridad nacional está detrás de una de cada cinco acciones de política industrial adoptadas por los gobiernos para proteger sus intereses industriales y comerciales durante 2023 y que su peso es creciente, en un contexto en el que este tipo de decisiones defensivas por parte de los gobiernos se ha más que duplicado desde la pandemia.

El informe de Cesce observa este intervencionismo creciente de los estados en la política industrial y comercial como un signo de los tiempos, asociado al incremento de los riesgos geopolíticos, y considera que incluso puede tener efectos positivos cuando de lo que se trata es de resolver fallos de mercados o de proteger bienes públicos, pero también detecta riesgos.

El más evidente es el de generar una espiral proteccionista de consecuencias difíciles de anticipar. Los datos recabados por el Fondo Monetario Internacional sobre lo que ha dado en llamar 'nueva política industrial', en relación a la proliferación de medidas defensivas para blindar los intereses comerciales e industriales nacionales, atestiguan que en cerca del 75% de los casos las decisiones defensivas adoptadas por los gobiernos son contestadas en los seis meses siguientes por medidas similares adoptadas por los países afectados.

«La seguridad nacional está teniendo un peso creciente en las decisiones de política industrial y como resultado se aprecia un aumento en las restricciones comerciales y regulaciones más estrictas, especialmente en sectores tecnológicos críticos y productos de doble uso. Esto alimenta las ya elevadas tensiones comerciales entre países y bloques económicos. La eficiencia económica está cediendo terreno a otras prioridades como la seguridad y la autonomía estratégica», asegura a ABC María José Chaguaceda, autora de la parte sobre política industrial del Panorama Internacional de Cesce.

Los datos del FMI indican que más del 70% de las decisiones de política industrial adoptadas en los últimos años -la inmensa mayoría de las cuales han sido aprobadas por países desarrollados- han sido distorsionadoras para el mercado. El informe del Cesce advierte de que este activismo estatal puede menoscabar el dinamismo del mercado y la libre competencia, generar relaciones de dependencia de determinadas empresas respecto a los recursos públicos y, en el peor de los casos, generar situaciones de captura política en las que los intereses de determinados grupos de presión o sectores industriales pueden condicionar las decisiones de los gobiernos.

El asunto tiene sus aristas singulares en la Unión Europea, un espacio de libre comercio y de libre circulación de personas y capitales, en el que sin embargo un país miembro puede vetar una inversión de una empresa de otro país miembro como ha demostrado el veto del gobierno español a la opa de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.

Y no es el único problema que enfrenta la Unión Europa en este contexto, como refleja el informe de Cesce que observa obstáculos estructurales para enfrentar la competencia de Estados Unidos y China. «La Unión Europea está adoptando una estrategia de 'Autonomía Estratégica Abierta' para enfrentar sus vulnerabilidades y dependencias críticas, en busca reducir la dependencia de terceros países para productos esenciales, como la energía y los insumos tecnológicos, a través de la diversificación de suministros y el aumento de la producción interna», explica Chaguaceda. «Sin embargo, y ello está siendo muy evidente en el campo de la política industrial, su aplicación en el seno de una unión monetaria incompleta con intereses nacionales divergentes y sin una financiación común es compleja y lenta».