El 25% del gasto en pensiones de 2023 se financiará con impuestos
El Estado transferirá 45.300 millones para cubrir el déficit de las cotizaciones sociales
Cada contribuyente debería aportar 2.500 euros más a la Seguridad Social para lograr el equilibrio presupuestario del sistema
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Madrid
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Iniciar sesiónLa Seguridad Social habrá encadenado a finales de este año trece años consecutivos con un déficit en caja -ingresos por cotizaciones menos gastos por prestaciones-, lo que ha obligado al Gobierno Sánchez durante este periodo a realizar aportaciones extraordinarias procedentes de la Hacienda ... general para poder efectuar todos los pagos comprometidos con los ahora más de 9,1 millones de beneficiarios de pensiones en España.
El impacto sobre la cuentas del sistema no es menor. Como ya abordó ABC, el Ejecutivo ha duplicado en los últimos cuatro años las transferencias procedentes del Presupuesto General hacia la caja de la Seguridad Social, es decir, los recursos extra procedentes de la recaudación tributaria. En 2023, esta aportación asciende a 45.300 millones de euros. Sobre el total del montante de pensiones contributivas y no contributivas, que suman 175.600 millones de euros, el aporte extra cubrirá el equivalente al 25% de este gasto.
Los gastos de la Seguridad Social durante las dos últimas décadas han crecido a un ritmo muy superior al de sus recursos propios, «con lo que la brecha entre ambas variables se ha ampliado mucho, exigiendo un fuerte aumento de las transferencias para apuntalar las finanzas del sistema», explica el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente en un reciente análisis sobre el estado y salud de las cuentas del sistema de pensiones bajo el título de 'Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada. Series 2005-2023' en el que arroja luz sobre la situación presupuestaria 'real'.
Desequilibrio contributivo
Precisamente, asociado a esta realidad creciente del incremento de las aportaciones extraordinarias necesarias para abordar el creciente gasto en pensiones es donde el experto de Fedea se emplea en diferenciar los conceptos de déficit ordinario del sistema, que el Gobierno cifra en 6.500 millones contabilizando todos los ingresos procedentes de diferentes vías -más allá de las cotizaciones sociales- y el de déficit contributivo, entendido como la diferencia entre los gastos y los ingresos contributivos de la Seguridad Social y que puede interpretarse «como el plus de generosidad que el subsistema contributivo de protección social ofrece por encima de lo que sería sostenible con una lógica de puro seguro social de reparto».
Señala Fedea que el saldo reconocido por el Gobierno de apenas 0,5 puntos del PIB «ofrece una imagen un tanto engañosa de la evolución de la salud financiera del sistema pues el deterioro de su saldo presupuestario en base a sus recursos propios se ha mitigado mucho gracias al fuerte incremento de las transferencias del Estado».
De este modo, el saldo contributivo se situará a cierre de este ejercicio en el entorno de los 48.000 millones de euros. Y el deterioro desde el primer año en el que se registro un diferencial negativo en el plano contributivo, en 2010, es considerable. Entonces, el desequilibrio entre ingresos por cotizaciones y el gasto en prestaciones era de 880 millones de euros.
Para entenderlo gráficamente, el abultado déficit contributivo supone casi el 4% del PIB, absorbe en torno a un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado y supone una parte sustancial del déficit total del conjunto de las administraciones públicas españolas. «En años recientes, el gasto en prestaciones contributivas ha estado más de un 30% por encima de los ingresos contributivos puros», señala De la Fuente en el informe.
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Para poder equilibrar el sistema en este plano contributivo y no tener que depender de los ingresos extra de transferencias, cada trabajador debería aportar unos 2.500 euros más al año a la Seguridad Social.
Cabe recordar, más allá, que la subida de cotizaciones a las rentas por encima de la base máxima de cotización y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se aplica sobre las nóminas de los más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social ha sido la apuesta del Gobierno Sánchez para sanear las cada vez más tensionadas cuentas del sistema, que irá 'in crescendo' al calor de la jubilación de la generación del 'baby boom'.
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