El gasto en bajas no da tregua: la Seguridad Social ha pagado ya 15.000 millones, un 11% más

La factura para las arcas públicas no da tregua, como ocurre con los desembolsos que tienen que hacer las empresas. Las estimaciones que han realizado las mutuas apuntan a que el coste del absentismo laboral derivado de contingencias comunes crecerá este año un 10% a cierre de ejercicio, hasta superar los 32.000 millones de euros, y las bajas aumentarán más de un 6%, hasta superar los 9,2 millones. Son datos nunca vistos, que han llevado a los empresarios a reclamar medidas «con urgencia» para reducir un desequilibrio que, entienden, daña la competitividad y la productividad.

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Susana Alcelay

Los empresarios han reclamado el diseño de propuestas que contribuyan a reducir estas cifras de forma urgente. Proponen la reducción del número de procesos de baja iniciados de corta duración, el acortamiento de la duración innecesaria de las bajas y la eliminación de la bolsa de procesos con una duración superior a los 365 días, que han crecido casi un 300% desde 2019, el año anterior a que estallara la pandemia. La medida estrella de la Seguridad Social para combatir el absentismo es la gradualidad en la incorporación del trabajador a su puesto tras recibir el alta en periodos prolongados de baja por motivos, por ejemplo, como el cáncer.

El gasto en bajas, junto a los pagos en pensiones, están condicionando las cuentas del gestor que paga la nómina de los diez millones de jubilados. Los diez primeros meses del año dejan un panorama inquietante para el sistema de pensiones, en el que ya han aterrizado, aún de una forma suave, la generación del baby boom. Cada vez es más necesario el recurso a los impuestos para pagar a los jubilados y durante este periodo el sistema ha necesitado 5.823 millones más que hace un año, lo que ha elevado la factura extra para pagar las jubilaciones por encima de los 45.489 millones de euros. El desembolso total del ejercicio alcanzará los 200.000 millones.

Los pagos extra del Estado se producen en un momento en el que lo ingresos por cotizaciones han crecido un 6,8% interanual, hasta los 147.113 millones, 9.365 millones más que el año anterior. Dentro de los ingresos destaca la inyección económica que supone el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se puso en marcha el 1 de enero de 2023 con el objetivo de volver a nutrir la denominada hucha de las pensiones. Fue una de las medidas más controvertidas de la reforma del ex ministro José Luis Escrivá y su incremento en el último año ha sido del 32,5%, hasta situarse en 4.079 millones. Con 2026 volverá a aumentar, hasta el 0,9%, el 0,75 % será a cargo de la empresa y el 0,15 % del trabajador.

Las pensiones no podrían pagarse hoy sin la ayuda de los impuestos y de la deuda pública. El desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social aumenta irremediablemente, como también lo hace el endeudamiento del sistema. En los últimos años el crecimiento de los ingresos ha sido histórico por factores como la creación de empleo y la subida de los sueldos, pero sobre todo por la espiral de aumentos de cotizaciones e impuestos, una vía que abrió la reforma de pensiones y se ha instalado en la economía.

Mantener esta política se ha convertido en la garantía de que el Estado respalda el sistema público de pensiones y que este es viable pese a sus números rojos que arrastra. Ese recurso a los impuestos para tapar los agujeros permite que el sistema de pensiones registre superávit, aunque ficticio. A 31 de octubre las cuentas del sistema público registraron un saldo positivo de 5.817 millones frente a los 1.754 de un año antes.

Por el lado de los gastos, las prestaciones que se pagan a familias e instituciones crecieron un 6,6% hasta los 177.817 millones, cifra que representa un 94,1% del gasto total de la Seguridad Social. La mayor partida, de 162.653 millones, se ha dedicado a las pensiones y prestaciones contributivas, con un alza del 6,2% respecto a los diez primeros meses del pasado ejercicio, según la ejecución de la Seguridad Social.