En Galicia se apaga la luz

La creación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía se presenta como una solución para abaratar los precios de la electricidad y beneficiar a los ciudadanos gallegos. Sin embargo, esta medida genera incertidumbre en varios frentes. Si la comercializadora adquiere electricidad en el mercado mayorista, estará sujeta a las mismas dinámicas que cualquier otra, lo que dificultará cumplir con el objetivo de ofrecer precios más bajos. Por otro lado, si la Xunta obligase a los productores privados a vender parte de su energía a precios reducidos, podría considerarse una medida expropiatoria e ilegal, abriendo la puerta a litigios y sanciones tanto nacionales como europeas.

Además, la viabilidad financiera de esta iniciativa es cuestionable. La venta de electricidad por debajo del precio de mercado generará déficits que, tarde o temprano, deberán compensarse, ya sea con impuestos adicionales o con recargos en las tarifas de otros consumidores. Esto podría perjudicar tanto a los usuarios gallegos como a los de otras regiones.

El Plan Eólico pretende obligar a las empresas a renovar sus instalaciones, reemplazando aerogeneradores antiguos por modelos más modernos y potentes. Aunque la modernización tecnológica es positiva, imponerla bajo amenaza de retirada de licencias genera inseguridad jurídica y aumenta los costes para las empresas. Este enfoque ignora principios fundamentales de la regulación eficiente, que sugieren que los gobiernos deben establecer objetivos claros y dejar a los operadores, que son quienes tienen el know how, decidir cómo alcanzarlos.

Además, la imposición de precios intervenidos y la obligación de priorizar la venta local rompen contratos preexistentes y afectan negativamente la confianza de los inversores. Estas medidas podrían desincentivar futuras inversiones en Galicia, poniendo en riesgo su posición como líder en energías renovables en España.

La obligación de vender una proporción significativa de la energía generada en Galicia a empresas locales a precios intervenidos no solo introduce distorsiones en el mercado, sino que también plantea serias dudas sobre su compatibilidad con las normativas europeas.

Estas regulaciones buscan garantizar un mercado único competitivo, en el que todas las regiones y actores económicos compitan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, las empresas asturianas que dependen de contratos a largo plazo con generadores gallegos podrían verse obligadas a pagar tarifas más altas, mientras que sus competidores en Galicia obtendrían electricidad a precios reducidos. Este tipo de medidas fragmentan el mercado eléctrico español y afectan negativamente a su competitividad. Sería de esperar que las empresas perjudicadas demandasen a la Xunta en los tribunales de justicia.

Galicia tiene un gran potencial en energías renovables y debería ser un modelo de cómo integrar estas fuentes en el mercado de manera sostenible. Sin embargo, las políticas de intervención extrema no solo amenazan con comprometer este liderazgo, sino que también generan tensiones legales y económicas que podrían tener consecuencias a largo plazo.

La construcción de más de un centenar de parques eólicos, por unos 2.300 megavatios (MW), se encuentra paralizada en los juzgados. No parece que este Plan Eólico vaya a desatascar ese bloqueo, sino todo lo contrario.

El Gobierno gallego debería reconsiderar su enfoque y apostar por políticas que favorezcan la inversión, respetando al mismo tiempo los principios del mercado único y las normativas europeas. Las buenas intenciones no bastan; se necesita una visión estratégica y un marco regulatorio estable para garantizar el desarrollo del sector energético.