Los funcionarios marcan el camino a Óscar López: frenar la escalada de temporalidad y nuevo pacto salarial

Sobre la mesa está comenzar la petición de abrir negociaciones para un nuevo acuerdo salarial de los empleados públicos y acometer varias reformas que permitan mejorar las retribuciones, eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo o la mejora de las pensiones y condiciones de jubilación, entre otras. Pero lo más acuciante está en recortar la precariedad en las administraciones, del entorno del 30%.

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Bruno Pérez

En la cuenta atrás para que el Gobierno tenga que rendir cuentas a Bruselas y hacer de la temporalidad en el sector público una excepción, los datos no acompañan. Los miles de empleados públicos que trabajan para la Administración con un contrato temporal deberán hacerlo de forma indefinida, o dejar de prestar sus servicios en el Estado a final de año. Así se recoge en la Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea, en la que se fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas. Hoy esta tasa apenas cede, sigue estancada en el entorno del 30%, el doble que el sector privado, lo que se traduce en que la plantilla eventual deberá mermar a final de ejercicio en más de 20 puntos, en 800.000 trabajadores. El sindicato que dirige Miguel Borra cree que España no cumplirá con este compromiso con Europa.

CSIF ha trasladado al ministro su preocupación por las dificultades del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos para 2025 que incluyan un nuevo acuerdo salarial. El actual, que fue firmado sólo por el Gobierno con CC.OO. y UGT termina este año. Recuerdan que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde su firma en 2022 y un 20% acumulado desde los recortes de 2010.

La implantación de la jornada de 35 horas en la Administración, la extensión del teletrabajo en todas las administraciones y el desarrollo de la ley de Función Pública han sido también peticiones del sindicato al ministro. El hoy gobernador del Banco de España diseñó una reforma para el sector público con patrones de actuación muy similares a los del privado para despojar a los empleados públicos del mantra de la escasa productividad. En esencia, los cambios propuestos persiguen mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y subir a la Administración al carro de los cambios tecnológicos. Para lograrlo el exministro propuso ideas revolucionarias, como acometer 'planes de reestructuración' en determinaciones sectores si así lo demandan los retos tecnológicos y las necesidades del servicio, flexibilidad laboral, evaluación del desempeño de los funcionarios, ascensos ligados a los méritos del trabajador y sueldos vinculados a los objetivos alcanzados «para una dirección pública profesional». Ahora toda el desarrollo de todas estas medidas.

Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del régimen general como de clases pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión son otras peticiones, como también la equiparación de las cotizaciones en el régimen de clases pasivas a las del régimen general para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida. CSIF también pide al ministro López un incremento de la financiación de Muface, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.